VILLAHERMOSA, Tab (apro).- En las primeras horas de este domingo fueron encontrados los cuerpos de cinco personas ejecutadas, en lo que se proyecta como otro fin de semana violento desde que inició la administración de Javier May Rodríguez, el pasado 4 de octubre.
Los hallazgos se hicieron en los municipios de Comalcalco y Cunduacán.
En la primera localidad, sobre la vía Tecolutilla-Villa Aldama, fueron localizados dos cuerpos abandonados a orillas de la carretera.
Agentes policiacos identificaron que se trataba del cuerpo de un homrbre desmembrado dentro de una bolsa de plástico color negro, así como una mujer decapitada.
En el lugar se dejó una cartulina con un mensaje de amenaza de un grupo delictivo para otro.
El evento número dos se suscitó en la vía La Isla-Cunduacán, muy cerca de una caseta de policías, en donde estaban tres bultos en una entrada de terracería a un rancho; los cuerpos estaban dentro de bolsas negras.
Por otro lado, en el municipio de Macuspana se reportó la quema de cuatro vehículos que se encontraban en un taller mecánico; al parecer fueron incendiados a propósito.
Vecinos del taller dijeron que dos sujetos rociaron un líquido y les prendieron fuego a las unidades, luego se dieron a la fuga en una motocicleta.
En torno a la violencia, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, señaló que la estrategia de seguridad que han implementado los gobiernos estatal y federal debe ser revisada para evaluar sus resultados.
En su homilía dominical, subrayó que cambiar la estrategia de "Abrazos y no Balazos" es responsabilidad únicamente de los encargados de la seguridad.
Por último, expuso que la violencia sigue afectando gravemente al estado.
Con información de Proceso.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.