ASF detecta irregularidades por 17.8 mdp en la liquidación de la Financiera Rural que realizó el gobierno de AMLO
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades por 17.8 millones de pesos en el proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
El dictamen de la auditoría de cumplimiento 2023-3-3891M-19-0231-2024 hecha al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) arrojó ocho recomendaciones, seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
De acuerdo con la segunda entrega de resultados de la Cuenta Pública 2023 hecha por la ASF a la Cámara de Diputados, se pagaron 20 facturas por casi 6 millones de pesos para la prestación de servicios profesionales, sin la existencia de un contrato ni evidencia de que se hayan realizado.
Además, se observaron irregularidades en cuatro contratos. Entre ellos:
El INDEP/00106/2023, que incluía servicios de monitoreo, renta de equipos y licencias para la seguridad perimetral de la FND.
De acuerdo con la auditoría, “no se habilitó una funcionalidad de licenciamiento requerido por la FND, por el que se determinó que se pagaron 2 millones de pesos”, lo mismo ocurrió en diciembre de 2023 “para 44 equipos de firewall Tipo 1”, por el que pagaron un millón 900 mil pesos.
En el contrato A-DETI-31904-028-23 para el “Servicio administrado de Centro de Datos Secundario”, la contratación fue deficiente y se seleccionó a un proveedor que ya había tenido un contrato similar, por lo que la adjudicación “no se llevó a cabo en igualdad de condiciones”, señala la auditoría.
El posible daño al erario más grande se observó en el INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, tras hacer pagos de más a Delete Technology por licencias y soporte.
La ASF detectó que la duración de los servicios estaba contemplada hasta el 29 de junio de 2026, a pesar de que la liquidación de la FND debe terminar en octubre de 2025, “por lo que se determinó un monto pagado de casi 7 millones de pesos por un periodo en el que el licenciamiento ya no será utilizado”.
Con información de Latinus.
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