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Rosario Piedra, Nashieli Ramírez y Paulina Hernández, en la terna para presidir la CNDH

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia en el Senado propusieron a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, como una de las integrantes de la terna para encabezar el organismo hasta 2029.

En el proyecto de dictamen correspondiente también están contempladas la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez; además de Paulina Hernández Diz, integrante de la Unidad Para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara.

Este miércoles por la mañana, las comisiones votarán ese dictamen que, en caso de ser aprobado, podría ser presentado ante el pleno del Senado por la tarde para su discusión y votación.

 

El Pleno del Senado votará la terna para elegir a la próxima titular de la CNDH
El Pleno del Senado discutirá la terna para elegir a quien presidirá la CNDH. Foto: Cuartoscuro

Las tres aspirantes a encabezar el organismo formaron parte de 48 personas que comparecieron ante las integrantes de las dos comisiones unidas, que encabezan la senadora Celeste Ascencio —de Derechos Humanos— y el senador Javier Corral —de Justicia—.

El Senado debe aprobar al nuevo perfil que encabece a la CNDH por las dos terceras partes del pleno, para el periodo de 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.

Propuestas de las 3 aspirantes a la CNDH

Durante su comparecencia, Nashieli Hernández propuso cinco ejes de trabajo entre las que destacan que la CNDH actúe en territorio y con proximidad, con cercanía a las víctimas. Además de un enfoque restaurativo que involucre a las víctimas en los procesos de investigación de la Comisión, con mediación y conciliación.

En tanto, Rosario Piedra Ibarra presentó un plan para transformar el Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en uno de prevención efectiva. Propuso un plan de defensa de los derechos económicos, sociales culturales y ambientalistas.

 

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Rosario Piedra Ibarra busca nuevamente presidir la CNDH. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En su comparecencia, Paulina Hernández Diz propuso que, en caso de llegar a la CNDH, buscaría fortalecer la autonomía de comisión y mejorar el acompañamiento de ese organismo a las víctimas. La activista dijo que garantizaría el cumplimiento de las recomendaciones que emitió el organismo y pondría énfasis en la reparación del daño. 

Con información de Animal Político.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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