CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, acudió a la Cámara de Diputados, para dialogar y buscar la prevalencia del instituto con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, sin embargo, el legislador afirmó que su desaparición sigue adelante.
Tras el término de la reunión el comisionado detalló que tuvo un diálogo con el legislador en donde le externo su intención de seguir dialogando para mantener la prevalencia del organismo autónomo.
“Esta tarde nos recibió el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coronación Política, y tuvimos la oportunidad, los cuatro comisionados, de externarle nuestra preocupación y la intención de seguir dialogando para mantener la prevalencia del Instituto Nacional de Transparencia, la importancia que tienen los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, que sea una sede autónoma, independiente, quien garantice estos derechos”, detalló.
Pese a ello, Ricardo Monreal reiteró que la eliminación del organismo autónomo se llevará acabo y sólo revisarán los artículos transitorios para salvar los puestos y prestaciones de los trabajadores.
“Ellos me han dicho una serie de planteamientos, no creo que eso sea posible (la prevalencia del organismo), pero sí los trabajadores, el régimen de transición, los propios derechos adquiridos, me dicen ellos son 816 trabajadores.
“Habría que buscar la forma, pero ellos están garantizados sus trabajos, ya sea que se trasladen a la institución que los sustituirá en la función o bien su retiro de acuerdo con la ley, pero tendrán opciones distintas. Eso lo tenemos que ver en los transitorios, es parte de lo que me planteaba”, explicó.
Con información de Proceso.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.