Este martes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México autorizó la comercialización de una vacuna que presenta una eficacia del 94 % contra el virus sincicial respiratorio, una enfermedad contagiosa que causa alrededor de 33 mil muertes al año en países desarrollados.
En un comunicado, la farmacéutica GSK informó que la vacuna demostró una eficacia del 94,6 % para prevenir esta enfermedad de vías respiratorias inferiores en adultos de 60 años y más, o con condiciones médicas subyacentes que incrementan aún más el riesgo de enfermedad grave por virus sincicial respiratorio (VSR) tales como: EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma, enfermedad arterial coronaria, fallo cardiaco congestivo, diabetes y enfermedad renal crónica.
El biológico fue el primero aprobado para su uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y que actualmente se encuentra en uso como una opción para la inmunización activa contra la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por VSR en adultos mayores.
"Esta vacuna, es un parteaguas, ya que por más de 60 años se ha investigado para encontrar una solución preventiva contra el VSR, por lo que esto representa una esperanza para los adultos mayores y aquellos con afecciones médicas subyacentes", explicó el doctor Sigfrido Rangel, director médico de GSK México.
Según la Cofepris en su comunicado, un análisis publicado en el New England Journal of Medicine respecto a esta vacuna, demostró que tiene una eficacia del 82,6 % frente a la enfermedad del tracto respiratorio inferior (ETRI) por el VSR y una eficacia superior al 94 % frente a la ETRI grave y en personas de edad avanzada con comorbilidades subyacentes.
México es uno de los 17 países en el mundo, único en América Latina, que ha participado de este ensayo que permitirá a los médicos mexicanos "tener una opción para prevenir el VSR" a través de la vacunación y de esta forma reducir la muerte por esta enfermedad, según apuntó Rangel.
Con información de Informador.mx
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.