La presidenta Claudia Sheinbaum, comentó este día, lo que hubiera sido el plan D, en el caso de que la reforma judicial hubiera sido invalidada parcialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la alternativa era volverla a presentar.
Acusó que la intención del bloque de ministros opositores, era poner en una situación de desacato a la presidenta de la República, por eso, como alternativa definieron darle la vuelta e ir por el plan D, para evitar esa confrontación y que, era presentar de nuevo la reforma, con dos modificaciones centrales.
La primera de estas, dijo, si no llegaba el Poder Judicial electo por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Luis María Aguilar, deja su cargo el 30 de noviembre, con el esquema anterior.
La otra modificación sería, que ya no se tuviera el haber de retiro de los ministros, para señalar que esos eran los dos principales temas para modificar la reforma judicial, en el caso de volverla a presentar.
Así, dijo, para no entrar en conflicto o en desacato se volvería a presentar la reforma y después del 30 de noviembre, contando con cuatro ministros a favor, así lo reconoció, aprobarla.
No íbamos a caer en una confrontación, pues era lo que ellos querían, aseguró, pues sentaría un mal precedente para el país, pues querían mantenernos 6 años en el supuesto desacato, apuntó.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.