-Luego que las acciones de inconstitucionalidad de la Reforma Judicial no alcanzaran los votos suficientes.
-Advierte sobre las graves consecuencias que esto traerá al país.
Mario Vázquez Robles, senador de Chihuahua por el PAN, aseguró que con la desestimación de las acciones de inconstitucionalidad de la Reforma Judicial, México sigue una ruta paso a paso hacia el autoritarismo y por ende, hacia la dictadura.
Luego de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Alberto Pérez Dayán votara en contra de las acciones de inconstitucionalidad que darían paso a la revisión de la Reforma Judicial en su parte sobre la elección de jueces y magistrados, el senador lamentó lo ocurrido asegurando que la situación no es nada buena para el país.
“Ésta era la última oportunidad, en términos nacionales, de corregir lo mal hecho”, sin embargo aseguró que seguirán en pie de lucha defendiendo a la República, la división de poderes y los derechos de los mexicanos.
Dijo que se acudirá a organismos internacionales con el propósito de evitar que se siga “destazando” la constitución política del país, esa constitución que debiera ser un documento redactado desde una visión integral y no una visión excluyente como hoy se está formando.
Recordó que el oficialismo se conformó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con una mayoría calificada “espuria”, una mayoría que no le otorgaron los ciudadanos con el voto popular y que de forma tramposa la obtuvieron.
Vázquez Robles advirtió la peligrosidad de la situación actual en el país, de las graves consecuencias que se avecinan “ahora todos los cambios que ellos deseen se harán sin ningún contrapeso y sin ningún mecanismo de defensa de los derechos humanos. Cualquier cosa que se les ocurra podrá pasar a rango constitucional y no habrá defensa de los mexicanos contra eso”. Añadió que además la incertidumbre abona en detrimento de la economía del país al no poder garantizar mecanismos transparentes y de defensa del ciudadano.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.