La Secretaría de la Defensa Nacional anunció este sábado un cambio importante en su denominación oficial: el acrónimo "Sedena" será sustituido por la palabra "Defensa", a fin de transmitir, aseguró, de manera más clara su rol tanto en la protección del país como en la coordinación de las diversas acciones relacionadas con la seguridad nacional.
De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la dependencia federal, este cambio, autorizado por la presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo clarificar la función principal de la institución en relación con la defensa nacional.
En el comunicado se detalla que la decisión responde a la necesidad de asociar de manera más directa a la secretaría con su misión primordial: la defensa exterior de la Federación, tal como lo establece el artículo 89, Fracción VI de la Constitución.
Asimismo, se lee en el documento, el cambio busca vincular a la institución con su atribución de formular y ejecutar los planes y órdenes para la defensa del país, una responsabilidad estipulada en el artículo 29, Fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El nuevo enfoque permitirá una mejor comprensión tanto a nivel nacional como internacional de las actividades y funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Este cambio permitirá a la sociedad mexicana e instituciones nacionales e internacionales, tener más claridad de la función principal de la Secretaría de la Defensa Nacional y una mayor comprensión y coordinación de todas las actividades que se realizan en este rubro en beneficio de los mexicanos", concluye el comunicado.
Con información de Latinus.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.