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¿Qué onda con la paridad sustantiva?

MujerESpolítica/Jahzziel Aguirre
Jahzziel Aguirre
aguirre.reyes170894@gmail.com

La lucha femenina por alcanzar la igualdad de derechos ha sido una larga carrera, con grandes obstáculos y que aún no se logra llegar a la meta, pero con esfuerzo se avanza de forma sustancial.

En 1953, luego de una serie de eventos que tuvieron origen desde el contexto local o también desde la arena internacional, en México se obtuvo el reconocimiento constitucional de las mujeres para votar y ser votadas. Ello no implicó que, para ese año se tuviera un alto índice de votación y, mucho menos participación de mujeres en la boleta electoral.

A partir de ese momento, las mujeres, comienzan a tener injerencia en la vida pública y política del país. Para ello, se impuso en un primer momento, como recomendación a los partidos políticos que las candidaturas federales no excedieran de un 70% de un mismo género (sobra decir el género que representaba ese 70%), lo que para 2002 dejó de ser recomendación para entrar en la obligatoriedad. En 2008 la formula fue de 60%-40%. Nos obstante, los cargos electos no se veían reflejados al menos, en esa proporción, pues seguía privilegiando el género masculino muy por encima de la representación que pudiera tener la mujer.

En 2014, se incorporó en nuestra Constitución el principio de paridad de género, es decir, hace apenas 10 años que nuestra carta de derechos la contempla, lo que permitió tanto a las autoridades administrativas, como jurisdiccionales emitir acuerdos, resoluciones, sentencias, respectivamente, en favor y en apego a la igualdad de género.

Como resultado de la reforma antes referida, en el caso de Chihuahua, se obtuvo por primera vez en el Congreso del Estado una mayoría de mujeres, 17 diputadas y 16 diputados. A la par, el municipio de Chihuahua tuvo la primera presidenta (si, presidenta con “a”). Desde entonces, la paridad ha sido una constante en la representación política de las mujeres, tanto a nivel local como federal.

En 2018, las mexicanas obtuvimos un gran logro: la reforma constitucional mejor conocida como “Paridad en Todo”. Luego, en 2020 la reforma que fijó las bases y condiciones para poner un alto a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

En 2023, se establecieron 8 causales para que una persona no pueda ser registrada como candidata a un cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo o cargo en el servicio público, con lo que se ha abonado a fortalecer la presencia de las mujeres en la esfera pública y política.

Todo este antecedente sirvió de base para que el Congreso de la Unión el pasado 05 de noviembre aprobara por unanimidad de votos la reforma a la constitución que busca la paridad sustantiva. Leyó bien, todos los diputados y diputadas de los partidos políticos de MORENA, PT, PVEM, PAN, PRI y MC votaron a favor del reconocimiento a la lucha femenina.

 Pero ¿qué implica la reforma en cita?

La reforma de paridad sustantiva busca: constitucionalidad de la igualdad sustantiva no como igualdad de derechos, sino como mecanismo para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a mejores oportunidades.  Además de aumentar la representación de las mujeres, añade la implementación de políticas públicas que abonen a las desigualdades que enfrentamos.

Adicional, incluye la obligación de fomentar la participación política de mujeres y la obligación de gabinetes paritarios en los municipios, entidades federativas y la federación.

Un aspecto para resaltar es que fija las bases para que los presupuestos públicos se consideren, diseñen y apeguen a perspectiva de género, asegurando que se destine recurso suficiente para programas que, en realidad, sí beneficien a las mujeres. Asimismo, busca erradicar la brecha salarial que existe tanto en el ámbito público como en el privado.

Aunado a lo anterior, se establece la perspectiva de género en la impartición de justicia, así como la creación de fiscalías especializadas para la atención de asuntos de las mujeres. Se incluyen medidas para combatir todas las violencias contra las mujeres, un problema que persiste en el país y que afecta gravemente la vida de muchas mujeres.

Finalmente, los programas educativos deben promover la igualdad de género desde una edad temprana, buscando cambiar o eliminar las conductas y pensamientos que minimizan el papel de la mujer en la sociedad.

Sin duda, esta reforma viene a reconocer la lucha que por más de 100 años ha prevalecido en nuestro país, es un gran paso para fortalecer nuestra democracia a través de una igualdad sustantiva.

No tengo duda que el Congreso de Chihuahua aprobará la reforma constitucional de forma unánime, pues se ha demostrado que cuando existen coincidencias, más allá de las disidencias las cosas suceden.

Ahora, el reto es materializarla, que no se convierta en una carta de buenas voluntades e intenciones, sino que debe verse reflejado un aumento en el presupuesto federal destinado a programas y políticas públicas que beneficien a las mujeres, mayor asignación de recursos a las entidades federativas para que puedan crear o en su caso, fortalecer las fiscalías, legislación secundaria que regule las bases referidas con anterioridad, municipios, estados y la federación cumplan con la obligación de un gabinete paritario, que todo acto administrativo y jurisdiccional sea resuelto en apego a la igualdad sustantiva.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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