Hoy, en nuestra capital, se espera una temperatura mínima de 11 grados centígrados, con igual sensación térmica, la máxima alcanzará los 27 grados centígrados, entre las 15 y 16 horas.
Se espera un día de fresco a cálido, con un cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado y con un índice de radiación UV moderado, 5 de 11.
La velocidad del viento oscilará entre 3 a 14 k/h. La humedad relativa tendrá una variación del 32 al 7 por ciento.
El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que, para hoy en la Mesa del Norte de nuestro país, por la mañana se tendrá cielo con nubosidad dispersa y ambiente fresco en la región, siendo frío a muy frío y con bancos de niebla sobre sierras, y con ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvias en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.
Se espera viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango; y rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Zacatecas.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.