EFE.—Fuerzas de seguridad de México decomisaron un arsenal de armas largas, vehículos blindados artesanalmente, llamados “monstruos” durante un cateo a un inmueble en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó este lunes que a través de la fiscalía en Chiapas y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), cumplieron una revisión a un inmueble ubicado en Tuxtla Gutiérrez, "donde se aseguraron vehículos llamados 'monstruos', armas, cartuchos y cargadores de diferentes calibres".
Lo anterior al cumplir una orden de cateo, solicitada por el Ministerio Público de la Federación (MPF), autorizada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal y ejecutada por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la AIC, adscritos a la sede en Tuxtla Gutiérrez.
La FGR apuntó que tras la revisión "se aseguraron 29 vehículos (dos de los llamados 'monstruos'), cuatro motocicletas, 64 armas largas de diversos calibres, 578 cargadores y mil 196 cartuchos de diversos calibres.
Además de 70 cajas llenas de cartuchos, siete chalecos tácticos, objetos diversos consistentes en una caja con papel holograma, nueve placas de vehículos, nueve cascos, cuatro teléfonos celulares, una libreta y un DVR de videograbación.
En la nota se explicó que el inmueble y las armas aseguradas fueron puestas a disposición del MPF de la FGR, quien integrará la carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Chiapas desde hace unos meses sufre una escalada de violencia e inseguridad por la disputa entre grupos del narcotráfico de la región. Según organizaciones y activistas, en la frontera con Guatemala tiene protagonismo el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como del autonombrado Cártel de Chiapas y Guatemala.
Con información de Latinus
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
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La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.