-Buscan mejorar el abastecimiento conscientes que la Reforma Energética limita las posibilidades de crecimiento en el país.
El Senador del PAN, Mario Vázquez Robles recibió la visita de un grupo de estudiantes preocupados por los constantes apagones en colonias populares del oriente de la ciudad de Chihuahua, quienes desarrollaron un proyecto de energía solar encaminado a mejorar el abastecimiento de la zona.
Los cuatro jóvenes estudiantes de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Chihuahua, encabezados por su directora, Martha Baca, se dijeron preocupados por el rumbo que van tomando las políticas públicas en materia energética en México, que favorecen los combustibles fósiles y limitan a las empresas la generación de energías limpias, así como su compra o distribución libremente lo que provoca una sobrecarga en la red y por consiguiente insuficiencia en su disponibilidad.
Samantha Morales, de 15 años, aseguró que, según su investigación, Chihuahua es el segundo estado en el país con mayor capacidad para la producción de energía eléctrica a partir de paneles solares debido a la alta radiación solar en este territorio, por lo que muchas empresas buscan la manera de producir su propia energía, sin embargo están obligados a venderla a la CFE lo que la vuelve más cara para otras empresas obligadas a comprarla a la paraestatal en vez de directamente a los proveedores de energía.
Vázquez Robles externó su interés por el tema, asegurando que este ha sido una de sus luchas constantes en la Cámara Alta, convencido que el régimen ha optado erróneamente por favorecer la producción energética a partir de combustibles fósiles, lo que va en detrimento del medio ambiente y del desarrollo de México poniéndolo en desventaja frente a otros países.
Apoyó su proyecto y aseguró que estas ideas serán base importante para continuar su trabajo legislativo en favor del desarrollo de energías limpias que puedan dar a México y Chihuahua las herramientas para otorgar mejor calidad de vida a sus habitantes, además de más ventajas frente a un mundo cada vez más globalizado.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.