Se profesionalizan 50 docentes de Educación Básica en Lengua de Señas Mexicana para una mejor atención al alumnado
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en el marco de la Estrategia Estatal de Formación Continua, impartió el curso “Lengua de Señas Mexicana” (LSM) a un grupo de 50 docentes de Educación Básica, como parte de la profesionalización permanente en beneficio del alumnado.
La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), tras la firma de un convenio de colaboración de la SEyD con la máxima casa de estudios en el estado.
El objetivo fue brindar herramientas comunicativas para la intervención y atención de estudiantes en condición de discapacidad auditiva, con el desarrollo de habilidades lingüísticas y culturales desde la perspectiva de inclusión.
Las y los participantes aprendieron alternativas para generar una metodología centrada en un currículum diversificado, lo que implica que el docente presente propuestas flexibles a las necesidades de las y los alumnos.
Este curso permite adquirir los elementos básicos de comunicación de la LSM, para la articulación y expresión de mensajes en este idioma, que posteriormente se apliquen en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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