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Nueva masacre carcelaria en Ecuador deja 15 muertos y 14 heridos

La madrugada de este martes se registró una nueva masacre carcelaria en Ecuador, que dejó al menos 15 muertos y 14 heridos, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Los "graves incidentes", de acuerdo con la entidad, tuvieron lugar en "un pabellón específico" el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más peligrosa y poblada del país suramericano.

"Ante estos hechos, el Bloque de Seguridad actuó de manera inmediata para tomar el control total de las instalaciones y activar un operativo de requisa a gran escala", indicó el SNAI, que señaló que también se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Según la institución, actualmente la cárcel está "bajo control absoluto". Se desplegó un contingente significativo de personal militar y policial para "garantizar la seguridad" y "evitar nuevos incidentes".

Hechos recientes

En octubre pasado, dos reclusos fueron encontrados muertos en esta misma prisión. El SNAI comunicó entonces que el hallazgo se produjo durante los controles en la prisión.

Entretanto, en septiembre, fue asesinada María Daniela Icaza, directora encargada de esta cárcel. Sujetos desconocidos interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la funcionaria en Guayaquil y dispararon contra ella.

En julio pasado un informe de varias organizaciones que fue enviado al Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas reveló que al menos 680 reclusos perdieron la vida en cárceles de Ecuador entre 2018 y 2023.

Con información de actualidad.rt.com

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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