- Se busca optimizar los servicios gubernamentales y fortalecer la cercanía con las y los chihuahuenses
Como parte de la IX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, a la que asistieron representantes del sector empresarial, sociedad civil y académicos, se ratificaron una serie de acciones clave para fortalecer la transparencia, eficiencia y cercanía del Gobierno con las y los chihuahuenses.
Durante el encuentro encabezado por el secretario de la Función Pública y presidente suplente del Consejo, Roberto Javier Fierro Duarte, se destacaron las medidas implementadas para optimizar los servicios gubernamentales, y se detallaron las estrategias para mejorar la calidad de atención a las y los ciudadanos.
Como ejemplo de los avances principales, se resaltó que el Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI), es un mecanismo que ya ha centralizado y agilizado los procesos de recepción de denuncias y quejas ciudadanas, logrando atender hasta 167 protestas.
Dicha plataforma ha permitido que la población tenga un canal directo y eficiente para expresar sus inquietudes, y recibir atención oportuna de las autoridades.
En la sesión también se presentó y aprobó el Informe Anual de Actividades del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria 2023, y se aprobó el Informe Anual de Resultados y Avances de la Política Estatal de Mejora Regulatoria y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Dichos documentos resaltan los avances y logros obtenidos en materia de simplificación administrativa y mejora de los trámites gubernamentales.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.