La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Inteligencia y Análisis Policial, participó en el Segundo Encuentro de Mujeres Policías de Iberoamérica, un evento en el que mujeres policías de diversos países se congregan en Santo Domingo, República Dominicana, para promover la igualdad.
Con el lema “Mujeres que inspiran y movilizan la transformación policial y social”, el encuentro se inauguró oficialmente la mañana del 12 de noviembre, en la capital dominicana.
La iniciativa busca visibilizar y enaltecer el papel crucial de las mujeres en las estrategias de inteligencia, seguridad y defensa, áreas comúnmente percibidas como dominadas por los hombres.
A esta edición del encuentro asiste una delegación mexicana, coordinada por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), conformada por representantes de los estados de Coahuila, Nayarit, Ciudad de México, Sonora y Chihuahua.
La comisionada Sugey Aguilar, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, destacó que el trabajo de las mujeres es un pilar fundamental en la estrategia policial y que este evento es un paso significativo hacia la igualdad en la profesión policial.
Con su participación en este proyecto, la SSPE busca reflejar su compromiso de fortalecer los lazos de colaboración internacional y promover el desarrollo de políticas de seguridad con perspectiva de género en beneficio de las futuras generaciones de mujeres al servicio de la ciudadanía
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.