Debemos tomar lo que nos sirva del proceso electoral de EU: De la Peña
Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno informó que, tras su estadía en Estados Unidos como observador electoral, proceso que le dio la victoria por segunda ocasión a Donald Trump.
Asimismo, dijo que el tema de migración va a transcurrir con algunas diferencias “si el resultado hubiera sido otro”.
“La primera conclusión que le voy a presentar a la gobernadora la estoy trabajando con las notas que tome durante toda la semana, es la forma en la que se organizan las elecciones allá, hay enormes diferencias y para mi grata sorpresa el Instituto Nacional Electoral cuenta con un cuerpo de funcionarios profesionales y en términos del tema de la organización no le pide nada a estados Unidos”, dijo.
De la Peña Grajeda expresó que la organización del proceso recae en los Estados o condado y quien articula y fija las regalas básicas de la elección es una legislación de carácter nacional federal, hay distintas velocidades de la firma en la que se conocen los resultados, la organización total no pudiera tener la misma calidad.
Destacó que en México el derecho al voto se garantiza a través de una credencial y allá es flexible la identificación “llegan, se registran, les hacen una serie de preguntas relacionadas con la fecha de nacimiento, dirección y es la única verificación que se hace de la identidad de los electores, basado en la confianza y nuestro sistema es más complejo”.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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