CIDH ve riesgos en la elección popular de jueces; México acepta que se impulsó la reforma sin un diagnóstico

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró la audiencia para analizar la reforma judicial de México luego de que juzgadores mexicanos hayan promovido su revisión ante el sistema interamericano de derechos humanos, a la que asistió Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte, como público.

Durante la audiencia, Andrea Pochak, relatora de la comisión, señaló que ese organismo internacional ha destacado las deficiencias en el sistema de justicia mexicano, como la demora en las sentencias, los presos sin condena, torturas, métodos de investigación, cooptación del crimen organizado e impunidad, los cuales no sólo involucran al Poder Judicial sino también a las fiscalías.

La relatora aseguró que el sistema interamericano de derechos humanos ha enumerado los principios que deben respetar para garantizar la independencia judicial, como la meritocracia, evitar injerencias indebidas y también remociones colectivas.

Además, expuso que, de acuerdo con la experiencia en otros países, en la elección de jueces por voto popular hay más riesgos de que exista deslegitimidad del Poder Judicial.

"Hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por voto popular, hay riesgos de mayor perdida de confianza, poca participación ciudadana en las elecciones, que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias".

Pochak cuestionó a México en relación con la reforma: si hubo un diagnóstico antes de promoverla, por qué no se incluyeron a las fiscalías, medidas para evitar que el crimen organizado esté inmiscuido en el proceso electoral, cómo garantizar que juristas honestos participen en las elecciones, o que la figura de jueces sin rostro sea compatible con el sistema interamericano.

Por su parte, el relator Carlos Bernal Pulido, que dijo que se solidariza con los juzgadores mexicanos, calificó como sospechoso que la reforma judicial que busca jueces electos por voto popular sea promovida justo después de que un partido arrasó en las elecciones y ganó la presidencia y el congreso.

"Esto es ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo, cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos a de nuestro tiempo, el caso de México es de libro", dijo el relator Bernal Pulido.

En defensa del Estado mexicano participaron Luz Elena Baños, embajadora mexicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y José Antonio Montero Solano, funcionario de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La embajadora Baños leyó un documento en el que se señaló que la reforma judicial se planteó para fortalecer el sistema de justicia de nuestro país y combatir la corrupción y el nepotismo.

Asimismo, destacó que el proceso de reformas constitucionales en México son rígidos para evitar arbitrariedades y sean aprobadas por "amplio consenso".

La representante de México ante la OEA además comentó que la reforma fue ampliamente discutida y su proceso de aprobación fue "transparente y participativo", a pesar de que la propuesta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó sin cambios.

"La reforma en materia del Poder Judicial ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en la democracia mexicana", destacó Baños.

Durante la exposición de la embajadora, asistentes a la audiencia sostuvieron un cartel con la frase "reforma a modo" detrás de la diplomática.

José Antonio Montero Solano, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia, dijo que "fue apabullante" el mandato popular en favor de la reforma, que la independencia judicial está garantizada en la Constitución y que la reforma planteada por Morena fortalece esa independencia.

El funcionario de la Consejería de Presidencia aseguró que la Suprema Corte confirmó la validez de la reforma judicial el pasado cinco de noviembre; sin embargo, el máximo tribunal desestimó el proyecto que resolvía las acciones de incostitucionalidad en contra de la reforma y no se pronunció sobre el fondo del asunto.

"No existe un diagnóstico; sin embargo, desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al poder judicial", dijo el funcionario al finalizar su intervención.

Antes de finalizar la audiencia, la relatora Pochak afirmó que la CIDH estará pendiente de la implementación de la reforma y de las leyes secundarias que se aprueben, pues es importante que la independencia judicial sea respetada.

Asimismo, adelantó que la comisión intervendrá una vez que se agoten las instancias locales en contra de la reforma.

"En este momento nuestras herramientas son escuchar, recibir información, manifestar nuestra preocupación —como lo hemos hecho oportunamente—, y facilitar el diálogo", dijo Pochak.

Con información de Latinus.