El Gobierno Municipal de Delicias, encabezado por el alcalde Jesús Valenciano, anunció que el tradicional encendido del pino navideño 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de diciembre en la plaza Benito Juárez.
Daniela Rodarte, jefa de Eventos del municipio, detalló que las actividades iniciarán a partir de las 4 de la tarde con un festival lleno de espíritu navideño y presentaciones artísticas diseñadas para toda la familia. El festival incluirá la participación de talentos locales, como el grupo infantil del Centro Cultural, las niñas y niños de JK Jazz, una puesta en escena especial del ballet con el tema del clásico navideño El Cascanueces, entre muchas otras sorpresas. “Estamos muy contentos de darle realce a estas presentaciones acorde al tema de Navidad y ofrecer algo especial para la comunidad deliciense”, comentó Daniela Rodarte.
El evento busca ser un espacio de convivencia familiar y celebración comunitaria. “Es lo que nos ha encargado el presidente Jesús Valenciano: hacer un festival que le dé mucho apapacho y amor a las familias de Delicias”, destacó la funcionaria, quien invitó a la población a asistir y disfrutar del ambiente festivo.
El encendido del pino, que será el momento más esperado de la tarde, está programado para las 7:30 de la noche. La plaza Benito Juárez se iluminará con el tradicional árbol decorado.
El Gobierno Municipal de Delicias invita a todas las familias a sumarse a esta celebración. “Es un evento para compartir, para recordar la importancia de estas fechas y para disfrutar en comunidad. Los esperamos con mucho cariño este domingo 8 de diciembre”, concluyó.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.