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Norma Piña pide que reforma judicial no destruya derechos humanos y contrapesos

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, indicó que espera que la finalidad de la reforma al Poder Judicial no consista en “destruir” la protección a los derechos humanos y los contrapesos.

Durante la inauguración de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Piña Hernández indicó que los resultados de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se verán con el tiempo.

“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad y de constitucionalidad, un mejor sistema de contrapesos entre los Poderes del Estado, por el bien de la sociedad a la que servimos y que sea, como digo, mejor que lo que ahora tenemos”, señaló.

“Pero esto se verá con el tiempo y es cuando en ese periodo, en ese lapso, se podrá apreciar y evaluar”, agregó la ministra presidenta. 

Reprochó a aquellas voces que exclaman el “¡Sí se pudo!”, pues solo tendrán sentido cuando se demuestre en los hechos la fundación de un nuevo sistema de justicia que garantice los derechos de los mexicanos.

"Pienso por el bien de mi país, que la expresión 'sí se pudo' exclamada por algunos, solo tendrá sentido, no ahora, sino cuando los hechos den constancia plena de que esté funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos”, apuntó Norma Piña.

Asimismo, criticó que la reforma al Poder Judicial mantiene a la sociedad y a los operadores de justicia en una “enorme incertidumbre”, pues fue planteada sin un diagnóstico previo.

Con información de Político.mx

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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