Proceso legislativo en México

En el cerebro humano reside la mente, la inteligencia, los sentimientos, la memoria, la espiritualidad y la conciencia de los que hemos sido, somos y posiblemente seremos. En el cerebro está la esencia de lo que somos como personas: nuestros sentimientos sobre la vida y la naturaleza de la muerte, los recuerdos, el sentido del tiempo, nos ayuda a predecir el futuro para tomar decisiones en nuestro beneficio; el cerebro del ser humano madura entre los 21 y los 25 años, la personalidad se termina de formar hasta los 30 años, y lógicamente que la madurez del cerebro puede variar según la persona y su ámbito e incluso su sexo. Nuestro cerebro es una máquina verdaderamente asombrosa, que nos distingue de cualquier otro ser viviente sobre la Tierra y nos posiciona como las criaturas superiores. Sin embargo, el mal manejo de dicha máquina, nuestra ignorancia sobre el funcionamiento de ésta, y sobre todo, el no utilizarla buscando aprovechar su potencial, genera que los seres humanos nos encarguemos de autodestruirnos.

En México, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, según lo que establece el Código Civil Federal, y es al momento de cumplir esta mayoría de edad cuándo los mexicanos adquirimos el derecho a ejercer nuestros derechos políticos tales como votar y ser votados, convirtiéndonos en elementos determinantes para las decisiones políticas que le dan rumbo a la vida de nuestra nación.  Es a los 18 años cuando vamos ante las autoridades electorales a solicitar nuestra credencial de elector con la cual nos identificamos y podemos ir a ejercer nuestro voto a las urnas, es a los 18 años cuando podemos ser candidatos a un cargo de elección popular como lo es el de diputado federal, según la última reforma realizada al artículo 55 de nuestra Constitución Federal, aún y cuando, según los códigos locales, ya sea civiles o familiares, podamos todavía ser acreedores alimentistas para nuestros progenitores dependiendo de si seguimos estudiando o no una profesión, arte u oficio acorde a nuestras circunstancias particulares para poder allegarnos de nuestros propios medios de subsistencia, lo que quiere decir que un legislador que habrá de decidir en qué se gasta el dinero de la nación, puede encontrarse aún recibiendo su pensión alimenticia mientras comienza el ejercicio de su cargo y su progenitor intenta cancelársela.

A lo que voy con esto es al hecho de que ni siquiera ha terminado de madurar nuestro cerebro para cuándo el Estado mexicano nos entrega el poder de decidir las políticas públicas que habrán de aplicarse al pueblo, la forma en la que habrá de distribuirse el presupuesto de egresos, la manera en la que habrá de recaudarse el dinero para las arcas del Estado, las ideologías o políticas con las que se habrá de gobernar, las personas que se convertirán en las autoridades sobre nosotros mismos, a las que les daremos el poder de decidir, literal, sobre cómo, cuándo, dónde y por qué ejercemos nuestros derechos, incluso sobre el derecho a vivir de los seres humanos que se encuentran en territorio nacional, o en qué momento somos considerados como tales. Todavía nuestro cerebro está formando nuestro lóbulo frontal, que es el que nos da la capacidad de movernos, de razonar y de resolver problemas, así como de controlar el lenguaje y las emociones (Flores Ciani, 2019), y nos dan el poder de votar una ley de la cual ni siquiera entendemos su contenido y alcance, o de elegir a una persona por su aspecto, su capacidad de hablar majaderías, su labia para prometer dinero fácil o su destreza al bailar frente a una multitud.

Cuando hablamos de proceso legislativo debemos entender como tal a toda resolución del congreso qué tiene el carácter de ley o decreto (Cámara de diputados, H. Congreso de la Unión, 1997); es el conjunto de actos y procedimientos concatenados para la formación de leyes, así como para reformar los cuerpos normativos. Este proceso legislativo deriva de un acto jurídico parlamentario que se define como “los actos que realizan y agotan los procedimientos exigidos por la ley, para reformar o adicionar la Constitución Federal, son, desde luego actos jurídicos, ya que son acciones positivas o negativas, con voluntariedad y conciencia humana, a las que el ordenamiento jurídico les atribuye efectos jurídicos; más concretamente, los actos necesarios para reformar o adicionar la Constitución son actos jurídico-políticos que sirven para crear de manera unilateral situaciones jurídicas para los gobernados, normas constitucionales; por tanto, para reformar o adicionar la Constitución es necesario agotar esos actos jurídicos”..

En nuestro país la Constitución Política establece en diversos artículos, que van desde el 50 al 79, que los pasos para la elaboración de una ley son: 1° Presentación de la iniciativa, en donde un actor político ya sea miembro de una de las cámaras o podría ser por iniciativa ciudadana, presentan una propuesta de ley o de reforma a un precepto legal; 2° Dictamen de comisiones, donde en teoría deberá remitirse a un cuerpo técnico, bien preparado en las áreas que afecte la propuesta, un equipo de expertos que con base a la ciencia y las herramientas profesionales emitan un análisis que dé soporte de la utilidad, la necesidad, el beneficio a la sociedad y la forma con la cual se aplicará lo propuesto, o si la propuesta es innecesaria, violatoria de derechos, o no es viable para los fines del Estado o la sociedad contraponiéndose a los intereses colectivos; 3° Discusión o debate, donde se supone que los legisladores darán los fundamentos y motivos de su posición frente a la propuesta; 4° Aprobación y sanción, momento en el que se vota el dictamen; 5° Remisión al ejecutivo por facultad exclusiva o, en su caso, a la y colegisladora para su revisión; 6° Promulgación, qué es la publicación de la ley para darla a conocer a la ciudadanía; 7° Inicio de la vigencia, qué es el momento en el cual ya es aplicable la ley a los ciudadanos que serán sujetos de la misma.

Como se puede observar el proceso legislativo no es un proceso fácil, menos aún para personas que no tienen la capacidad fisiológica para tomar decisiones razonadas, centradas, con verdadera conciencia del contenido y alcance de las mismas, sin dejarse llevar por emociones que pueden ser tan cambiantes como el mismo clima de Chihuahua en pleno otoño. El proceso legislativo requiere primero que nada, de personas con cerebros maduros, capacitados, con experiencia profesional y de vida, que estén en condiciones óptimas para elegir a los actores que emitirán los frutos legislativos, y en segundo lugar se requiere que los legisladores y sus asesores igualmente cuenten con cerebros en plenitud que les permitan razonar, estudiar, analizar, proyectar, dictar, adecuadamente una ley, con la conciencia del contenido y el alcance, tanto en beneficios como en perjuicio de los gobernados, mientras en nuestro país no atendamos el elemento de madurez mental para entregar a los gobernados sus derechos políticos, continuaremos recibiendo reformas, decretos, leyes, reglamentos, puntos de acuerdo y circulares mediocres, insuficientes, caprichosas, absurdas, perjudiciales, violatorias de derechos humanos, y hasta innecesarias, con costos altísimos, no nada más económicos, sino en el orden social que pesa más para el desarrollo de un país.

El proceso legislativo requiere, además, para ser verdaderamente efectivo en el orden social, de la profesionalización de los legisladores y sus asesores. En México, para ser legislador, no sólo no se requiere estar maduro cerebralmente y haber terminado su desarrollo fisiológico, sino que ni siquiera se exige saber leer y escribir a un candidato a ocupar un curul en nuestros recintos legislativos, a pesar de que la educación básica y media superior son obligatorias para todos los mexicanos según el artículo 3° de nuestra Carta Magna, ¡cómo entonces pretendemos que el producto legislativo sea de calidad y sea respetado aplicándolo adecuadamente,  cuando ni siquiera quiénes lo generan están obligados a saber leer y escribir!, ya no hablemos de si verdaderamente las personas que llegan a ejercer los cargos de legisladores, tanto locales como federales, conocen verdaderamente el proceso legislativo y los objetivos de cada una de las etapas que lo componen, y los asesores que se supone están ahí para orientarlos, dirigirlos y ayudarlos, tampoco son sometidos a una preparación forzosa con los requisitos de los conceptos básicos que deben de conocer y manejar, no son evaluados, y mucho menos se verifica su capacidad para ejercer un cargo de dicha magnitud.

A todo esto habrá que sumarle el hecho de que en México no existe una verdadera educación cívica, aún recuerdo que cuando cursé mi educación preescolar, primaria y secundaria hacíamos honores a la bandera todos los lunes antes del inicio de clases, sin importar el clima, nos formaban en la explanada de las escuelas y hacíamos el juramento a la bandera y se cantaba el Himno Nacional, y sin falta se leía las efemérides de la semana; además llevábamos la materia de Civismo, en la cual se nos enseñaba a analizar la letra del himno, del juramento, el significado de los símbolos patrios, nos enseñaban la importancia del artículo 3°, 27° y 123 de la Constitución, se nos explicaba qué era una Constitución, y entre otras cosas hasta se nos hablaba de por dónde debíamos cruzar una calle y qué representaban los señalamientos de tránsito; la materia de civismo tenía como objetivo el concientizarnos de nuestros derechos como ciudadanos mexicanos y de las responsabilidades que debíamos asumir como personas que aportábamos  y éramos relevantes para el desarrollo social. Desafortunadamente, esa materia de civismos se ha ido diluyendo con el paso de los años, al grado de que actualmente los libros de “civismo” se han dedicado a contar historias sobre niños que se convierten en gatitos y de cómo han sido rechazados por eso hasta que luego sus compañeros y papás se dan cuenta que está bien sentirse algo diferente a lo que somos de nacimiento, o de cómo el mundo tiene una deuda histórica con las mujeres y que debe ser pagada hablando de ellas y ellos, y haciéndoles énfasis a los niños y adolescentes en la disposición de su sexualidad cuando, y volvemos al mismo origen, ni siquiera están listos mentalmente para enfrentar las consecuencias físicas y emocionales de esto; cosas como estas y similares encontré en una librería en un centro comercial de la capital del Estado, justamente por andar buscando un libro de texto de civismo para niños entre 8 y 11 años y adolescentes entre 12 y 14 años; y ya no habló siquiera de que la última reforma educativa en nuestro país, comandada por la 4T, utiliza el arsenal educativo para enseñar a los niños y adolescentes que deben trabajar en “asamblea” y muestran estadísticas sesgadas a favor de ciertos sectores poblacionales con el objetivo de victimizarlos y seguir generando división social, sobre todo haciendo pasar al hombre como un ser violento y que la masculinidad es algo que se debe erradicar, sin tomar en cuenta que nuestro sistema educativo actual está más enfocado en la sexualización de nuestros niños desde el nivel preescolar que en enseñar matemáticas que fomentan y ayuda en el proceso de desarrollo neurológico adecuado para la toma de  decisiones acertadas, entre otros beneficios.

A final de cuentas la educación tiene el objetivo de formar a los ciudadanos que el Estado necesita, y el Estado Mexicano en estos momentos, no necesita ciudadanos pensantes que puedan entender el contenido y alcance de las leyes que se están emitiendo en nuestro Congreso de la Unión o en los Congresos Locales, menos aún importa si existe o no un proceso legislativo, ya que ni siquiera lo están respetando, simplemente el partido oficial se encarga de lanzar la iniciativa y sus equipo de legisladores levantan la mano para aprobar en cuestión de minutos las propuestas, pasando por alto las etapas del proceso legislativo, sobre todo la parte del análisis técnico, y la población, ignorante e indiferente (siendo ésta última motivo para otro ensayo), aplauden como focas las reformas sin cuestionar el incumplimiento de los procesos que deben seguir y menos aún sin cuestionar la cordura o capacidad de raciocinio de quienes se encuentran votándolas, siendo, sobre todo los últimos 6 años, y más aún los últimos dos meses más evidente que nuestra falla en la elaboración de leyes no se encuentra en el proceso legislativo en sí, sino en los actores políticos que lo mueven, y ese mover comienza con el votante, con el gobernado, con el pueblo que no madura por decreto. 

Esto me hace recordar lo que dice el libro de Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”, y es que realmente  México ha perdido tanto por ignorancia, ha destruido instituciones, planes y programas gubernamentales, sistemas, tratados, y en el 2024 hasta a uno de los tres poderes que sostenían la democracia permitiéndole a los legisladores la aprobación de la reforma judicial al entregar el poder absoluto a un solo grupo político, y destruyendo con ellos lo que por siglos nos ha costado construir para avanzar en estabilidad en nuestra Nación y por consiguiente en desarrollo integral para los mexicanos.

Según el Instituto Nacional Electoral el padrón electoral en México cuenta con 51 millones 103 mil 429 mujeres registradas, y 47 millones 229 mil 62 hombres, y hay 105 registros solicitados como personas no binaries (estos últimos 105 registros irrelevantes y absurdos, prueba justamente de la falta de madurez para tomar decisiones); por edades contamos con 3 millones 572 mil 581 jóvenes de entre 18 y 19 años, y 11 millones 330 mil 772 de 20 a 24 años, el grupo de 25 a 29 años se conforma por 11 millones 156 mil 315; esto quiere decir que para el año en curso el sector más grande para votar en nuestro país es de jóvenes entre 18 y 29 años, conformado entre todos el 27% del padrón electoral, un porcentaje que es decisivo en una elección, y un porcentaje muy alto de cerebros inmaduros tomando decisiones, siendo el grupo etario de 20 a 24 años el segundo que más acudió a las urnas en las elecciones del 2 de junio del 2024. Entonces debemos tener presente que es un sector que si tiene peso en las decisiones políticas y por consiguiente de todo tipo en nuestro país, lo que debería estar alertándonos como sociedad para generar un sistema de captación de atención de éste grupo y concientización a base de fomentar el análisis y la distribución de información confiable que de verdad les permita aprender y entender sus derechos políticos para que los ejerzan con la mayor madurez y cordura dentro de sus propias limitaciones fisiológicas, elevando con ello el estándar de nuestras autoridades, pues no es culpa de los gobiernos la mediocridad, sino de los ciudadanos que no peleamos por destruir la ignorancia trabajando día con día dándole verdaderas herramientas a nuestras generaciones para que la nación que les heredamos sea un mejor lugar del que era antes de nuestra llegada.

Cuando hablamos de Proceso Legislativo hablamos también de Cultura de la Legalidad, de Estado de Derecho, y no son tiempos muy buenos para la cultura de la legalidad en nuestro país, pero si son tiempos de oportunidad para retomar en las familias la formación de principios y favores que hagan despertar a la nación para rescatar el Estado de Derecho que tanto nos conviene a todos, un Estado de Derecho basado en las libertades, la ciencia y el valor a la vida como base de un país sólido y en constante desarrollo que permita detonar el potencial de sus ciudadanos.

El Estado no va a velar por la legalidad en sus procedimientos de creación de leyes que le dan las bases al nuevo Estado dictatorial que están queriendo formar, nos toca a la sociedad trabajar de nuevo desde la raíz para darle el rumbo correcto a nuestra patria a través de la educación y formación de nuestras generaciones.

Cerraré mi ensayo con una frase que acostumbro repetirme y repetirle a la gente en todos los ámbitos en que me desenvuelvo buscando con ello encender el amor a la patria, la pasión por actuar en favor de la misma y avivar la esperanza en mejores tiempos: Vamos México, eres el águila que devora serpientes.

Lic. Ruth Sánchez Hernández