Violencia del crimen organizado desplazó a unas 100 personas en comunidad de Apatzingán

MICHOACÁN (apro).- María del Carmen Zepeda Ontiveros, regidora del Ayuntamiento de Apatzingán, giró una carta el pasado martes para solicitar asistencia humanitaria para personas desplazadas de Puertecitos, un poblado que se ubica a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal.  

La misiva, dirigida al gobierno del estado, señala que las personas desplazadas llegaron a la ciudad para solicitar refugio. La situación, según el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (Oshra), ha sido ignorada por las autoridades competentes. 

“(…) Hago de su conocimiento que, como resultado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la comunidad rural de Puertecitos, de este municipio de Apatzingán, un número indeterminado de personas se vieron en la necesidad de salir repentinamente de sus domicilios, buscando refugio en la cabecera municipal o en otros poblados, donde contarán con el auxilio de familiares, personas conocidas o gente de buena voluntad”, escribió la funcionaria, quien señala, además, que otorgó refugio a siete personas adultas y cuatro menores de edad, mismas que se encuentran “en situación vulnerable”. 

“Las personas a mi resguardo calculan que entre una tercera parte y la mitad de la población que habitualmente residen (en Puertecitos) se vieron obligadas a salir de sus hogares, esto es entre 60 y 100 personas en total”, añade la regidora. 

El Oshra informó a Proceso que la situación, lejos de ser nueva, se agudiza y se presenta en un escenario de “guerra” que ha permeado no solo a través de la violencia directa, sino a través de menguar la economía en medio de una sofisticación de los enfrentamientos entre grupos criminales. 

“Lo más usual, cuando la gente se desplaza, es que acudan a familiares o conocidos de su confianza. Cuando no cuentan con esto, muy frecuentemente se acercan a las parroquias, con los sacerdotes, buscando auxilio. Este año pasó en Buenavista Tomatlán, en la zona de El Limón de Luna. Se fueron a Tancítaro y a Pareo. Esas personas ya cumplieron 3 meses desplazadas porque fue una zona de confrontación muy fuerte”, declaró la organización. 

El mote de “zona de guerra” no es una metáfora, pues la actividad del crimen organizado, del Cártel Jalisco Nueva Generación, en particular, muestra una dinámica propia de los conflictos bélicos a gran escala. Esto repercute directamente no solo en el desplazamiento forzado, sino en la imposibilidad de la gente de retornar a sus comunidades. 

“Lamentablemente hay campos minados y eso le da todavía más miedo a la gente para regresar. Hay una estrategia armamentista de los grupos criminales, es una práctica que introdujo el CJNG aquí, hacia enero del 2021, en Aguililla: se detectaron las primeras minas y hubo un campesino afectado. Es un instrumento que la propia legislación de guerra mundial ha tipificado como crimen de lesa humanidad; junio del año pasado una mina provocó la destrucción de una patrulla militar y cuatro elementos (de las corporaciones de seguridad) sufrieron amputaciones”, detalló la agrupación. 

El Observatorio, sin embargo, se dedica primordialmente a velar por la protección de las personas víctimas de la violencia, pero la situación en Apatzingán es tal que explicar lo ocurrido y buscar soluciones humanitarias requiere pasar la mirada por los conflictos armados que azotan la región. Esto al grado de que han podido monitorear los efectos de la violencia en la economía y en la vida de las personas. 

“Nosotros hacemos un monitoreo de toda la región, también en términos de la dinámica económica. Vemos estancamiento muy generalizado en las actividades económicas, y esto tiene que ver con una serie de situaciones que todas son producidas por la falta de gobernabilidad. Hay una cuestión a las actividades productivas muy generalizada, y la que se mediatiza es el tema del limón porque es el principal motor comercial y económico de la región, pero hay muchos productos: el aguacate, el tomate, productos tropicales como los plátanos”. 

En este contexto, se observa que la estrategia de 100 días del gobierno federal, iniciada con el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, ha cambiado la dinámica criminal, pero esta no ha menguado. 

“Pero no solamente a los productos agrícolas, también a los comercios. Teníamos una extorsión directa, la que es presencial, y ahora que empezó la estrategia gubernamental de los 100 días, pasó a ser telefónica, pero sigue habiendo extorsión. Ahora que el gobierno blindó supuestamente las actividades del limón, de manera muy imperfecta porque ha habido, incluso, incendios en empacadoras o destrucción de huertas para los productores que se niegan a pagar la extorsión, ahora que supuestamente están blindando la producción citrícola, esta extorsión ha saltado a otros comercios”, informó el Oshra.  

Otros de los fenómenos detectados con la proliferación de la violencia y el desplazamiento de las comunidades, es el saqueo de negocios y casas habitación a manos del crimen organizado. Principalmente al tratarse de electrodomésticos como refrigeradores, ventiladores y, especialmente, motosierras: “las motosierras son muy necesarias en las zonas rurales y estos grupos las utilizan para hacer barricadas”. 

Con esto a cuestas, el pasado lunes el Observatorio informó de la situación al gobierno estatal y, en particular, a la Secretaría del Migrante: la dependencia responsable de coordinar la atención humanitaria ante el desplazamiento forzado. 

“Y no estamos teniendo respuesta, ni de la secretaria ni de su equipo. La regidora se dirigió directamente a la presidenta municipal y ella respondió que no estaba en su competencia, que debía recurrirse a Sedena. Al final todos se echan la bolita y la atención de las personas afectadas nunca va a competer a Sedena, mientras no se profundice la militarización. Al menos ahorita sigue siendo obligación de las autoridades civiles”. 

Con información de Proceso.