Un grupo de 18 académicos, activistas y sociedad civiles de México entregaron un "amicus curiae" ante la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la demanda del gobierno mexicano a los fabricantes de armas de fuego que propicia el tráfico ilegal de estas al país.
El documento de 32 páginas fue presentado ante la Corte el viernes 17 de enero, antes de la toma de protesta del republicano, Donald Trump, quien ha manifestado su apoyo a la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos portar armas.
En el "amicus curiae" se describió que hay un alto costo del tráfico ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos a México para las vidas y tejido social del país al ser motor en la violencia provocada por las organizaciones criminales.
Además, el 68% de las armas aseguradasen México en 2023 fueron importas de Estados Unidos, destacó el documento, en el que se precisó que la cantidad de armas traficadas oscila entre los 200 mil hasta casi medio millón cada año.
"Las armas de fuego traficadas con éxito desde Estados Unidos hasta México son usadas por grupos delictivos para cometer actos de violencia generalizados, con agresiones", precisó el recurso legal.
En ese sentido, enfatizó que el tráfico de armas desde el país vecino ha dado como resultado el desplazamiento de 392 mil personas en México entre 2008 y 2023, así como la desaparición de cientos de miles de personas en el país como resultado de la violencia del crimen organizado.
Otros problemas provocados por esta actividad han sido los gastos de miles de millones de dólares a las autoridades mexicanos en costos policiales y militares, así como la pérdida de empleos, salarios e ingresos fiscales.
También se puntualizó que el tráfico de armas a México es uno de los principales motivos por los que las personas deciden migrar a Estados Unidos, ya que el 47.3% de las personas que buscaron asilo en el país vecino dijeron haber sido amenazados con una arma de fuego.
Algunas de las personas que firmaron el amicus curiae fueron Adrián Lebarón, activista sonorense en contra del tráfico de armas después de que nueve integrantes de su familia fueron asesinadas en 2019; el doctor Sergio Aguayo Quezada, académico y promotor de los derechos humanos, y María Isabel Cruz Bernal, quien tiene un hijo desaparecido desde 2017.
Con información: Latinus.com