Caso Cienfuegos: fiscales de EU presumieron pruebas sólidas, pero gobierno de AMLO presionó y fue liberado

La reaparición pública del general Salvador Cienfuegos en la llamada Marcha de la Lealtad reavivó los cuestionamientos sobre por qué fue liberado luego de que Estados Unidos lo acusara en 2020 de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general Alejandro Gertz Manero insistieron en la mañanera de este 11 de febrero en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pidió detener el proceso penal contra quien fue secretario de Defensa en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Según el fiscal Gertz, la justicia estadounidense desestimó el caso por falta de pruebas.

Sin embargo, hay evidencia de que el gobierno de López Obrador sí presionó políticamente para que el militar fuera devuelto a México. Estas conversaciones con autoridades estadounidenses las reconocieron el propio presidente, y el entonces canciller y ahora secretario de Economía de Sheinbaum, Marcelo Ebrard.

Los fiscales estadounidenses insistieron hasta el último momento en que tenían fuertes evidencias para culpar a Cienfuegos, según consta en el documento del 17 de noviembre de 2020 con el que pidieron a un juez estadounidense desestimar las acusaciones, para que el caso continuara siendo investigado en México. Ahí se lee que lo hicieron por motivos diplomáticos y para conservar la cooperación con México. No refirieron que esto se diera por falta de pruebas, como defendieron Sheinbaum y Gertz.

“Después de conversaciones entre funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México, el Departamento de Justicia ha considerado que este desistimiento es de interés público de los Estados Unidos en reconocimiento de la estrecha cooperación entre Estados Unidos y México”, se lee en el documento.

La FGR inició una carpeta de investigación contra Cienfuegos el 3 de noviembre de 2020, y decidió no ejercer acción penal el 14 de enero de 2021. La investigación mexicana contra el general duró 72 días.

Ante cuestionamientos de la prensa, tanto la presidenta y el fiscal resaltaron que el gobierno de López Obrador había abierto el expediente de la acusación de Estados Unidos contra Cienfuegos.

En ese documento se puede leer una carta dirigida por el funcionario Timothy J. Shea, administrador interino de la DEA, al entonces canciller Marcelo Ebrard, el 29 de octubre de 2020. Esto luego de que Ebrard llamara al fiscal general de Estados Unidos, William Barr.

Ahí el funcionario estadounidense aseguró que tenían pruebas para que Cienfuegos pudiera ser enjuiciado, y adjuntaron capturas de pantalla de presuntas conversaciones, que luego el gobierno de López Obrador rechazaría como evidencia, al considerar que no correspondían con la forma de escribir de Cienfuegos.

En el caso del expediente de la FGR en México, la mayor parte del documento que se puede descargar en su página está testado.

Gobierno de AMLO pugnó por el regreso de Cienfuegos a México

El 15 de octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Un día después, el expresidente López Obrador dijo: “esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país, durante el periodo neoliberal”.

Sin embargo, su discurso y acciones cambiaron en el transcurso de los días. El exmandatario pasó de destacar la detención del exsecretario de la Defensa con Peña Nieto a acusar a la DEA de fabricarle delitos al general.

En el libro A la mitad del camino, el propio López Obrador relata que en aquel entonces pidió a Ebrard que revisara durante un fin de semana el expediente del caso, y que luego de leer las notas del canciller y hacerle preguntas, “llegué a la conclusión de que no existían pruebas de nada y que habían fabricado la acusación”.

Otra de sus acciones fue pedirle a un especialista que revisara la gramática del general, en una carta que le envió para decirle que su detención había sido arbitraria, y la comparara con la de capturas de pantalla de conversaciones que supuestamente había tenido el militar con criminales, según el expediente de la DEA.

“Entregué también a la experta estos contenidos y en su dictamen estableció que eran estilos completamente distintos y que no correspondían a una misma persona”.

Entonces, “cuando estábamos totalmente seguros de que no había elementos, como dicen los abogados, se solicitó, primero de manera diplomática y luego a través de la Fiscalía General de la República, que enviaran a México al general para que fuera investigado y se resolviera lo legalmente procedente.

Las gestiones del Canciller

El 28 de octubre de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos en México, para mostrar su extrañamiento por la investigación contra Cienfuegos, y que el gobierno mexicano no hubiera sido notificado.

A un mes del arresto, el ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el gobierno mexicano pugnó con las autoridades estadounidenses para desestimar las acusaciones contra el general, y que si iba a ser investigado, esto ocurriera en México.

Ebrard refirió que se había reunido y dialogado, entre otros funcionarios, con el entonces embajador estadounidense, Christopher Landau, y el entonces fiscal, William Barr. La conversación con Barr fue el 6 de noviembre, y 11 días después, Estados Unidos pidió desestimar la acusación.  

“No estamos defendiendo a una persona. Lo que está defendiendo México es un principio. El general Cienfuegos va a ser sujeto de investigación en México; sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestimen por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, dijo Ebrard.

Mientras que el documento dirigido por la Fiscalía estadounidense a la jueza Carol Amon mencionó que: “durante las conversaciones, Estados Unidos fue informado que la Fiscalía General de la República de México había iniciado su propia investigación sobre la supuesta conducta del acusado (Salvador Cienfuegos). Como resultado de estas discusiones, el gobierno de los Estados Unidos concluyó, con la anuencia del gobierno de México, que Estados Unidos buscaría desestimar la acusación contra el acusado sin prejuicio, para que México pudiera proceder primero a investigar y potencialmente procesar al demandado bajo la ley mexicana por la presunta conducta en cuestión, que ocurrió en México”.

El expresidente mexicano declaró el 11 de noviembre de 2020: “es cierto que se envió una nota diplomática y es cierto que ha habido llamadas telefónicas entre el canciller y el fiscal general de Estados Unidos sobre este tema”.

El medio Propublica describió un encuentro entre Ebrard y el entonces embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, en donde se menciona que el excanciller mexicano mostró molestia por la actuación de Estados Unidos y mencionó que ”cualquier base de confianza, cualquier base de cooperación, la habían destruido con esa detención”.

Por su parte, el periódico mexicano La Jornada y los periódicos estadounidense The New York Times y The Washington Post también refirieron que el gobierno mexicano había presionado para lograr que se retiraron los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, ya que del lado mexicano se puso sobre la mesa la expulsión de la DEA de México y limitar la cooperación internacional en materia de tráfico contra las drogas.

En un comunicado de prensa firmado por el fiscal general estadounidense William P. Barr y su contraparte mexicana, Alejandro Gertz Manero, del 17 de noviembre de 2020, se aseguró que:

“En reconocimiento a la sólida asociación entre México y Estados Unidos, y con el interés de mostrar un frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión  de desestimar todos los cargos penales estadounidenses contra el exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a las leyes mexicanas”.

Qué argumentó la FGR para cerrar el caso contra Cienfuegos

“Mientras ocupaba un cargo público en México, el acusado (Cienfuegos) usó su posición oficial para ayudar al cártel H-2, un famoso cartel mexicano de la droga, a cambio de sobornos”, señaló el exfiscal federal Seth DuCharme, en la acusación estadounidense contra Cienfuegos.

En enero del 2021, el gobierno mexicano publicó el expediente que la DEA compartió con las autoridades mexicanas sobre el caso, lo cual fue criticado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La información de la DEA detalló que la investigación inició en 2013 y con el paso de los años se fue vinculando al entonces secretario de la Defensa Nacional con Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H-2 del cártel de los Beltrán Leyva.

“Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes”, señaló Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia.

De acuerdo con miles de mensajes interceptados supuestamente entre Cienfuegos y miembros del cártel de los Beltrán Leyva, el general presuntamente brindó protección al cártel y desvió operaciones militares en Nayarit.

Aunado a ello, Propublica reportó que los investigadores estadounidenses habían recopilado declaraciones de nuevos testigos y pruebas adicionales sobre las operaciones del cártel y Zepeda en Nayarit, incluyendo a dos testigos que supuestamente tuvieron encuentros presenciales con el general.

Sin embargo, la FGR argumentó que no se podía vincular de manera clara que Cienfuegos fuera la persona que menciona en los mensajes recopilados por la DEA, además de que no se pudo comprobar que el general tuviera un celular Blackberry, y referir que la descripción en los mensajes no coincidía con las características físicas del militar.

Dentro del expediente de la FGR, se constata que abogados de la Sedena se sumaron a la defensa del general Cienfuegos, y la Secretaría negó que el exsecretario hubiera tenido injerencia en los operativos en Nayarit.

Cienfuegos negó las descripciones físicas de su persona, reuniones con presuntos criminales y el tener un celular Blackberry en ese momento, contrario a como se mencionan en los mensajes interceptados por Estados Unidos.

Entre las críticas hacia la FGR, estuvo el difundir su expediente sobre el caso con la mayoría de las partes testadas -canceladas con color negro-.

“A no ser que el texto testado incluya alguna información inesperada, el expediente de la FGR no parece reflejar la realización de una investigación exhaustiva. Los argumentos de la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal hacen eco en gran parte de la argumentación de Cienfuegos; la FGR le mostró a Cienfuegos el expediente y recibió su declaración el 9 de enero, para anunciar cinco días después el cierre del caso”, señaló la organización WOLA.

La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) condenó el actuar de la FGR y señaló que las  autoridades mexicanas no debieron limitarse a investigar los delitos imputados por la justicia estadounidense y a desestimar las pruebas aportadas por la DEA, sino que debieron analizar la posible participación del exsecretario en casos de violaciones graves a los derechos humanos, en casos como el de Tlatlaya.

Con información de Animal Político.