
Luego de atender un reporte de violencia entre miembros de una familia, agentes municipales lograron el aseguramiento de un arma de fuego calibre 9 MM, que se encontraba cargada con 8 cartuchos y estaba dentro de una mochila recargada en la pared del domicilio.
El incidente ocurrió en una vivienda de la calle 24 de Febrero en la colonia Alfredo Chávez, que se ubica al sur de la ciudad, donde al parecer uno de los protagonistas habría amedrentado al otro con la pistola para obligarlo a retirarse de la casa.
Testigos reportaron el hecho a la línea 9-1-1 y así fue que los policías municipales se dirigieron hasta el lugar donde observaron la mochila con el arma de fuego en su interior, la cual fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad federal sin detener a alguno de los presentes ya que no se acreditó la propiedad.
El presente documento es meramente informativo y será, en su momento, la autoridad correspondiente quien finalmente determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.


Una investigación periodística publicada por el columnista Darío Celis en El Heraldo de México expuso una presunta red de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral, la cual estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La columna "La Quinta Transformación", revela que las indagatorias apuntan a la exsecretaria Ejecutiva del órgano electoral, Claudia Arlett Espino, y a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE.
Estas serían clave en el esquema de asignación y supervisión de contratos.
La editorial señala a Claudia Espino, considerada la segunda al mando durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien tenía a su cargo la relación con proveedores, la operación de licitaciones y la firma de contratos.
Por su parte, Carvente Contreras era el encargado de auditar y autorizar los mismos procedimientos, existiendo presuntamente una relación personal entre ambos que comprometió la imparcialidad del proceso.
La publicación destaca que Claudia Arlett Espino dimitió a su cargo en el INE el pasado 9 de septiembre argumentando motivos de salud.
Posteriormente, el 17 de octubre asumió la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, posición a la que renunció el 2 de noviembre en medio del avance de los señalamientos financieros y judiciales a nivel federal.
Las pesquisas continúan sobre la estructura administrativa del órgano electoral.

La polémica compra del edificio que sería la sede de Morena en Chihuahua vuelve a la mira y en esta ocasión debido a que este miércoles a las 11:00 de la mañana, Martín Chaparro Payán y Martha Laguette Lardizábal deberán presentarse ante los juzgados por un caso relacionado con el presunto fraude a un particular en la adquisición del inmueble…
De acuerdo con información extraoficial, Laguette no acudiría personalmente y estaría representada por sus abogados, mientras que Chaparro sí se presentaría a la cita judicial por lo que muchos estarán a la expectativa de como termina este proceso…
La historia se remonta a 2019, cuando Martha Laguette, entonces secretaria de Finanzas de Morena en Chihuahua, anunció la adquisición de un edificio de más de mil metros cuadrados, ubicado en el cruce de las calles Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, por un monto de 12 millones de pesos…
La compra pronto se convirtió en motivo de confrontación al interior del partido, en ese entonces cuando Martín Chaparro, quien encabezaba el Comité Ejecutivo Estatal, denunció públicamente haber sido excluido de las negociaciones y aseguró que se enteró de la operación a través de los medios de comunicación…
Ahora, varios años después, el conflicto parece entrar en una nueva etapa, pero ya no solamente en el terreno de las disputas partidistas y los señalamientos públicos, sino en el ámbito judicial…

Se solicitó a los 254 legisladores del grupo parlamentario de Morena iniciar una estrategia coordinada en plataformas digitales para remarcar que las irregularidades y la asignación de contratos venían operando desde administraciones previas en el organismo electoral.
Para unificar el discurso, se distribuyeron los siguientes "ejes estratégicos narrativos":
Esto es una MAFIA ELECTORAL.
Lorenzo Cordova sabía y no hizo nada, no solo sabía, de acuerdo con la información presentada, en su 9 años como presidente del INE hubo contratos entre la OPLES por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a 5 empresas principales asociadas a Alfredo Hernández.
Luego de la Reforma electoral de Peña Nieto (PACTO por MÉXICO) Lorenzo Córdova, recibe un SUPER PODERES del INE , que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLES.
El vínculo entre Alfredo y Lorenzo, es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de SOMOS en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es Asesor, y Claudio X. González, y otros ex consejeros del INE y quienes trabajaron en el CISEN !!! Ni más ni menos que como Secretario General y Secretario Particular en la época más obscura del PRI.
Taddei es miembro de la Mafia Electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLES.

Una investigación periodística publicada por el columnista Darío Celis en El Heraldo de México expuso una presunta red de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral, la cual estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La columna "La Quinta Transformación", revela que las indagatorias apuntan a la exsecretaria Ejecutiva del órgano electoral, Claudia Arlett Espino, y a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE.
Estas serían clave en el esquema de asignación y supervisión de contratos.
La editorial señala a Claudia Espino, considerada la segunda al mando durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien tenía a su cargo la relación con proveedores, la operación de licitaciones y la firma de contratos.
Por su parte, Carvente Contreras era el encargado de auditar y autorizar los mismos procedimientos, existiendo presuntamente una relación personal entre ambos que comprometió la imparcialidad del proceso.
La publicación destaca que Claudia Arlett Espino dimitió a su cargo en el INE el pasado 9 de septiembre argumentando motivos de salud.
Posteriormente, el 17 de octubre asumió la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, posición a la que renunció el 2 de noviembre en medio del avance de los señalamientos financieros y judiciales a nivel federal.
Las pesquisas continúan sobre la estructura administrativa del órgano electoral.

La polémica compra del edificio que sería la sede de Morena en Chihuahua vuelve a la mira y en esta ocasión debido a que este miércoles a las 11:00 de la mañana, Martín Chaparro Payán y Martha Laguette Lardizábal deberán presentarse ante los juzgados por un caso relacionado con el presunto fraude a un particular en la adquisición del inmueble…
De acuerdo con información extraoficial, Laguette no acudiría personalmente y estaría representada por sus abogados, mientras que Chaparro sí se presentaría a la cita judicial por lo que muchos estarán a la expectativa de como termina este proceso…
La historia se remonta a 2019, cuando Martha Laguette, entonces secretaria de Finanzas de Morena en Chihuahua, anunció la adquisición de un edificio de más de mil metros cuadrados, ubicado en el cruce de las calles Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, por un monto de 12 millones de pesos…
La compra pronto se convirtió en motivo de confrontación al interior del partido, en ese entonces cuando Martín Chaparro, quien encabezaba el Comité Ejecutivo Estatal, denunció públicamente haber sido excluido de las negociaciones y aseguró que se enteró de la operación a través de los medios de comunicación…
Ahora, varios años después, el conflicto parece entrar en una nueva etapa, pero ya no solamente en el terreno de las disputas partidistas y los señalamientos públicos, sino en el ámbito judicial…

Se solicitó a los 254 legisladores del grupo parlamentario de Morena iniciar una estrategia coordinada en plataformas digitales para remarcar que las irregularidades y la asignación de contratos venían operando desde administraciones previas en el organismo electoral.
Para unificar el discurso, se distribuyeron los siguientes "ejes estratégicos narrativos":
Esto es una MAFIA ELECTORAL.
Lorenzo Cordova sabía y no hizo nada, no solo sabía, de acuerdo con la información presentada, en su 9 años como presidente del INE hubo contratos entre la OPLES por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a 5 empresas principales asociadas a Alfredo Hernández.
Luego de la Reforma electoral de Peña Nieto (PACTO por MÉXICO) Lorenzo Córdova, recibe un SUPER PODERES del INE , que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLES.
El vínculo entre Alfredo y Lorenzo, es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de SOMOS en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es Asesor, y Claudio X. González, y otros ex consejeros del INE y quienes trabajaron en el CISEN !!! Ni más ni menos que como Secretario General y Secretario Particular en la época más obscura del PRI.
Taddei es miembro de la Mafia Electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLES.
