
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le negó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, el registro del término "Ministra del Pueblo" como marca comercial.
En un documento emitido el pasado 3 de abril, el IMPI refirió que al realizar el examen correspondiente ante la solicitud se encontró un impedimento legal.
“El signo solicitado es susceptible de engañar al público e inducir a error respecto de las características de este”, refiere el IMPI.
El Instituto explica que los cargos públicos del Poder Judicial (ministros, magistrados y jueces) sólo se podrán obtener por medio del proceso electoral “y no así por persona que no ha obtenido dicho cargo como resultado de dicha elección, generando la confusión respecto a las características y naturaleza de la denominación solicitada”.
El término “Ministra del Pueblo” resulta “ser descriptivo de los servicios que desea distinguir”por eso no es distintivo, “razón por la cual no puede ser registrable”.
Asimismo el IMPI detalla que de acuerdo al estudio realizado, el registro incurre en la prohibición prevista en los artículos 12, 173 y 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como las disposiciones de la Constitución Política y de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Batres Guadarrama solicitó el registro del término "Ministra del Pueblo" como marca comercial desde noviembre del año pasado.
Batres Guadarrama también buscaba utilizar este sobrenombre en la boleta de la elección judicial; sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó esta solicitud.
La ministra utilizó a personal de la Suprema Corte para realizar el registro propio de su sobrenombre. En el documento del IMPI consta que el solicitante del registro como marca de "Ministra del Pueblo" fue César Villanueva Esquivel.
Con información de: LatinUs.

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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