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Gobierno de Sheinbaum transfiere 10 mil mdp de fideicomisos del Poder Judicial Federal a la Tesorería

cMOgvhgLa totalidad de los recursos de los cuatro fideicomisos en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue transferido a la Tesorería de la Federación, informó Nacional Financiera (Nafin).cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgPor mandato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Nafin actúa en representación del Gobierno Federal ante Organismos Financieros Internacionales (OFI), Dependencias Públicas y otros organismos, por lo que se trata de una decisión del gobierno federal.cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgEl monto total  de los cuatro fideicomisos es de poco más de 10 mil 248 millones 430 mil pesos, de acuerdo con la “información relativa a los ingresos, egresos, saldos y destino de los Fideicomisos en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal”, del último trimestre de 2024 reportado por el CJF.cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgDe acuerdo con un comunicado del CJF, la transferencia de estos recursos se hizo sin que el mismo Consejo de la Judicatura, en su carácter de fideicomitente y titular de los recursos, fuera consultado de manera previa sobre dicha acción.cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgEn el comunicado, también se afirma que el Consejo de la Judicatura no giró instrucción alguna a Nafin para la transferencia de los recursos, atendiendo a las propias cláusulas del contrato. Por lo anterior, el CJF advirtió “que ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente”.cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgConforme a lo establecido en los artículos transitorios de la reforma judicial, según el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, y Vigésimo de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, estos recursos estaban destinados para las y los juzgadores que declinen su candidatura o que no resulten electos en los próximos comicios, ya que la norma establece que los impartidores de justicia  “serán acreedoras a un pago extraordinario, el cual debe ser cubierto con los recursos que deriven del proceso de extinción de los fideicomisos mencionados”. cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgLos cuatro fideicomisos en los que participa el CJF son: fideicomiso pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados (5,458,817,587.99 pesos); fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces (71,230,195.16 pesos).cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgAsí como los fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Joder Judicial de la Federación con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (80,422,479.98 pesos); y, por último, el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal (4,637,960,050.42).cMOgvhg Omnia.com.mx

cMOgvhgCon información de aristeguinoticias.comcMOgvhg Omnia.com.mx

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Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados

El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y  los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.

El INE,  se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.

En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de  pesos.

Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.

La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y  responsabilidad democrática. 

 

 

 

 

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