Coparmex y CPC piden al Congreso diálogo amplio y plural para armonizar Ley General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua y COPARMEX Chihuahua observaron con atención el proceso legislativo que derivó en la aprobación y publicación de la nueva Ley General en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicada en marzo en el Diario Oficial de la Federación. 

Existe una legítima preocupación por los efectos adversos que esta reforma puede tener potencialmente en la arquitectura institucional del estado de Chihuahua para la tutela de estos derechos fundamentales, los cuales han sido pilares para el fortalecimiento del control democrático, la vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción. 

La experiencia acumulada durante las últimas décadas ha demostrado que contar con instituciones especializadas e independientes en estas materias genera mejores condiciones para la rendición de cuentas y el ejercicio efectivo de otros derechos. Este momento representa una oportunidad para que Chihuahua se consolide como referente en el fortalecimiento institucional democrático. 

En atención a las reformas a la Constitución federal y a la reciente publicación de la Ley General en la materia, consideramos indispensable que, en aquellos poderes y entes públicos que, conforme a la nueva legislación, cuenten con autoridades garantes en materia de transparencia y protección de datos personales, se establezcan procedimientos internos que permitan garantizar, de forma razonable, la autonomía técnica de sus resoluciones, así como la independencia de criterio frente a presiones políticas o administrativas que puedan comprometer la imparcialidad en sus funciones. 

En este nuevo contexto normativo, es relevante que los estados del país ejerzan el margen de acción que les otorga la nueva legislación para adoptar marcos institucionales que aseguren condiciones adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la profesionalización de quienes las operan y la efectiva tutela de los derechos fundamentales en la materia. 

Asimismo, hacemos un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Chihuahua para que, dentro del margen normativo que permita la Ley General, se abran espacios de diálogo amplio y plural que conduzcan a la construcción de una legislación local vanguardista, que fortalezca los mecanismos de protección de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, y que, en su caso, mejore disposiciones de la Ley General en beneficio de las personas habitantes de nuestro estado. 

La legislación estatal debe construirse con base en evidencia, estándares internacionales y buenas prácticas, garantizando que la protección y ejercicio de estos derechos esté resguardado de interferencias indebidas y su alineación al interés público. Es importante que el marco local contribuya a preservar principios esenciales como la máxima publicidad, la adecuada documentación de los actos de autoridad y la disponibilidad oportuna de la información pública, así como mecanismos de rendición de cuentas social que refuercen la confianza ciudadana. 

Finalmente, coincidimos en la importancia de garantizar un proceso transparente, participativo y comprometido con la consolidación de mecanismos institucionales eficaces en materia de acceso a la información y protección de datos personales en Chihuahua.

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“Se reparte entre militantes y beneficiarios de programas sociales para que “sepan cómo votar” en las elecciones judiciales”. 


De acuerdo en la imagen en el “tríptico de enseñanza”, se pueden leer nombres como, Batres Guadarrama Lenia, Esquivel Mossa Yazmín, Aguilar Ortiz Hugo, entre otros que están vinculados con el actual gobierno.


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El ex gobernador y hoy senador morenista, Javier Corral, moderador de los conversatorios a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, señaló que estos espacios son importantes para eliminar el ruido de la iniciativa, "separar la cizaña del trigo".

Corral Jurado destacó que la mayoría de los ponentes han reconocido los avances y anuncios hechos por la presidenta, lo que ha permitido clarificar y enfocar la discusión en los aspectos fundamentales de la reforma.

"Es realmente importante en términos de derecho a la información, de libertad de expresión, pero también de conectividad, también de cobertura social, también de derecho al internet, que son los objetivos más importantes de la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum," señaló Corral.

Aseguró que será eliminado el artículo 109 y se ha planteado la reformulación de los artículos 201 y 202, objeto de críticas por posibles implicaciones en la censura.

Corral subrayó que "no habrá ningún mecanismo previo de autorización, ni debe haberlo. La Constitución prohíbe cualquier forma de previa censura, lo que debe haber es una prohibición muy clara y pero también  limitada a gobiernos extranjeros que patrocinen o sea que paguen publicidad de contenido ideológico o político".

La decisión de crear un órgano regulador desconcentrado también fue bien recibida e instó a la oposición a elevar el nivel del debate, señalando que "siguen ciclados en lo mismo" a pesar de las correcciones y aclaraciones realizadas. "Ya se dijo que se elimina el 109, que no habrá una concentración de atribuciones unipersonales. Ya se dijo que se corrige el 201, el 202. Y siguen con lo mismo y con lo mismo... Nosotros estamos dentro de un proceso legislativo en el que estamos construyendo una reserva a un dictamen que ya está aprobado. Y ese es el marco en el que las propuestas deben de presentarse. Y ese es el proceso que nosotros vamos a continuar, se ellos tienen propuestas que sean atendibles se atenderán" explicó.

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