La justicia ratifica el freno a las obras de la Sedena en la Laguna de Bacalar

CHETUMAL, Q. Roo (apro).- Un juez federal de Chetumal otorgó una suspensión definitiva contra las obras que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a un lado de la Laguna de Bacalar, donde pobladores señalan un importante daño ambiental. 

Con esto, la institución armada queda aún más obligada a no reiniciar labores de construcción de una casa de descanso, porque desde principios de abril contaba con una suspensión provisional que lo frenaba. 

 

El Juzgado Primero de Distrito de Quintana Roo publicó el miércoles 7 de mayo el acuerdo judicial en el cual concedió a los habitantes de dicho municipio la concesión de la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 241/2025. 

Reclaman a diversas autoridades federales, principalmente a la Sedena y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el inicio de trabajos sin estudios ambientales de una casa de descanso para militares en la ribera de la laguna.   

Los trabajos fueron detectados desde principios del año por habitantes bacalarenses, quienes se percataron del dragado de la laguna y otras obras complementarias con la probable afectación al Fuerte de San Felipe de Bacalar, una obra arquitectónica del siglo XVIII. 

La Semarnat respondió en un comunicado que exentó del trámite de Manifestación de Impacto Ambiental a la Sedena porque, de acuerdo con la visión de la dependencia, no se transgrede el equilibrio ecológico. 

Inmediatamente las protestas de los pobladores se registraron y concluyeron con la tramitación de dos amparos: uno presentado por habitantes y otro por las asociaciones Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc). 

Estos recursos derivaron en dos suspensiones, uno de ellos de manera definitiva mientras dura el juicio de garantías anunciado el pasado miércoles. 

Las medidas sobre la Sedena pueden ser aún más fuertes contra el reinicio de obras, porque para el 22 de mayo está programada la audiencia incidental dentro del amparo promovido por las asociaciones civiles, las cuales se perfilan a ganar otra suspensión definitiva. 

Esta audiencia se iba a celebrar este jueves, pero fue postergada porque algunas autoridades demandadas no han respondido sus informes solicitados por el juez federal. 

Mientras tanto, la Semarnat y la Sedena han interpuesto una serie de impugnaciones que han sido radicadas en Tribunales Colegiados de Circuito de Cancún. 

Argumentan que sus actos son legales y han cumplido con medidas de mitigación ambiental.  

Hasta ahora no se les ha dado la razón. 

 

 

 

 

Con información de: Proceso.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lucha Castro —quien formó parte del Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Javier Corral Jurado— sostuvo que la inasistencia de las legisladoras no fue accidental, sino una decisión política que, en los hechos, favoreció al gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

“Al huir de la votación, dejaron pasar el endeudamiento por 3 mil millones de pesos y le hicieron el trabajo sucio a Maru Campos”, afirmó.

En su pronunciamiento, la exconsejera fue contundente al calificar la actuación de las diputadas como una omisión deliberada que permitió la aprobación de más deuda pública para la entidad. “No defendieron a la gente, no enfrentaron la votación y sí protegieron al poder”, señaló, al tiempo que cuestionó su identificación con los principios del partido Morena.

Lucha Castro subrayó que la ausencia de Palma y Díaz tuvo consecuencias directas en el resultado legislativo, ya que su participación habría podido modificar el sentido de la votación. “Ausentarse fue una decisión política. Y esa decisión fue contra Chihuahua”, escribió.

Hasta el momento, Edith Palma y Rosana Díaz no han emitido una postura pública en respuesta a los señalamientos.

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