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Caso Ayotzinapa: Detienen a exjueza por presunto vínculo con desaparición de los 43 normalistas

yW6aAt9La expresidenta del Poder Judicial de Guerrero fue detenida por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en 2014, informaron este miércoles las autoridades.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9Lambertina Galeana fue capturada bajo cargos de desaparición forzada y se le relaciona con el ocultamiento de videos en los que habría quedado registrado el secuestro de los normalistas, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9 yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9Los 43 estudiantes de la escuela de normalistas de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, adonde viajaron para apoderarse de autobuses en los que se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.yW6aAt9 Omnia.com.mx

 

yW6aAt9Galeana, ya retirada del servicio público, "está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala, donde ocurrieron los hechos", detalló la Secretaría.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9 yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9La exfuncionaria fue aprehendida en un domicilio de Chilpancingo y será presentada ante un juez federal, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9Más de diez años después de la desaparición de los estudiantes, solo se han identificado restos de tres de ellos y no existen personas sentenciadas por su secuestro.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9 yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), las autoridades presentaron la llamada "verdad histórica", según la cual los 43 jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes en complicidad con la policía de Iguala. yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9Pero estas pesquisas fueron desestimadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9En 2022, una comisión de la verdad creada por el gobierno de López Obrador calificó el caso como un "crimen de Estado" y dijo que militares compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9Sin embargo, familiares de víctimas acusaron al entonces mandatario de no hacer lo suficiente contra el Ejército.yW6aAt9 Omnia.com.mx

 

yW6aAt9El funcionario de mayor rango detenido por el caso es Jesús Murillo Karam, exprocurador general mexicano y principal responsable de la cuestionada investigación del gobierno de Peña Nieto.yW6aAt9 Omnia.com.mx

yW6aAt9El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de las más de 120,000 desapariciones que acumula el país, la mayoría de ellas desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas.yW6aAt9 Omnia.com.mx

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yW6aAt9Con información de: El economista.yW6aAt9 Omnia.com.mx

Tips al momento

Desaparecer los OPLES para que el INE le cobre a los Estados

El intento de desaparecer los Órganos Públicos Locales Electorales, incluidos los tribunales electorales estatales, y centralizar la organización de todos los comicios en el INE y  los temas jurídicos a los tribunales federales, no es un tema que deba abordarse con ocurrencia, sino con mucho cálculo político y principalmente económico.

El INE,  se sustenta con recursos del presupuesto nacional y los OPLEs, como el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, dependen de los presupuestos públicos locales para operar.

En 2021, el IEE de Chihuahua manejó un presupuesto de 457 millones 629 mil pesos para organizar las elecciones de ese año, incluyendo innovaciones como el voto chihuahuense en el extranjero y la implementación del PREP-Casilla. Para la elección judicial 2025, se autorizó una ampliación presupuestal para el IEE de 328 millones de  pesos.

Si los OPLEs desaparecen, por qué los estados, que ahora financian sus propios procesos, tendrían que aportar recursos al INE, es muy absurdo pensar que los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por una autoridad nacional, sin voz ni voto en la administración de esos fondos.

La centralización, aunque pueda prometer una aparente simplificación, corre el riesgo de despojar a los estados de una parte fundamental de su autonomía, y  responsabilidad democrática. 

 

 

 

 

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