Extorsión, acaparamiento y control absoluto: el modus operandi de la Nueva Familia Michoacana en Edomex
Durante al menos una década, la organización criminal conocida como la Nueva Familia Michoacana consolidó una estructura delictiva que va más allá del tráfico de drogas: impuso un control económico total en varias regiones del Estado de México, mediante esquemas de extorsión, acaparamiento de productos y manipulación violenta del mercado local.
La estructura, encabezada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga —“El Pez” y “El Fresa”—, no sólo somete a comerciantes mediante la violencia y el miedo, sino que creó un sistema de distribución y comercialización paralelo que obliga a constructores, minoristas y consumidores a operar bajo sus condiciones y a precios desproporcionados, de acuerdo con el fiscal del Estado, José Luis Cervantes Martínez.
Control en la cadena de consumo
El mecanismo comenzó con la imposición de precios y el acaparamiento de productos básicos.
En regiones bajo su dominio, el kilo de bistec —que en promedio cuesta 205 pesos— se vende en 250. El millar de block, que ronda los nueve mil pesos, es comercializado por hasta 20 mil en los establecimientos vinculados al cártel.
El grupo criminal no solamente establece los sobreprecios: los consumidores y proveedores están obligados a comprar exclusivamente en comercios controlados por la organización. Quien se niegue a acatar estas reglas podría enfrentar desde secuestros exprés, amenazas de muerte y hasta la pérdida de sus bienes.
A través de "empresas fantasma" y supuestos “sindicatos”, como el Sindicato Libertad y Sindicato Bradosva, la organización impone su hegemonía sobre sectores estratégicos: materiales de construcción, vidrio, aluminio, acero, madera, carne, pollo e incluso servicios de mensajería y carga.
En muchos casos, las víctimas deberían de contratar también el transporte del propio grupo delictivo. Por cada viaje de materiales, se les exigía un pago extra de hasta dos mil 500 pesos.
Empresas fachada del crimen
Los operadores del Cártel no sólo son asesinos asalriados o extorsionadores, muchos se presentan como empresarios formales. Tal es el caso de Eli “N”, dueño de la empresa JIMEX, única autorizada para distribuir cemento.
Bajo esa pinta, presuntamente obligaba a otros empresarios a comprar en su establecimiento y, con las ganancias ilícitas, adquirió tierras donde construyó viviendas de alta plusvalía.
Entre los detenidos más recientes destaca también Yareli “N”, regidora de Ixtapan de la Sal, acusada de participar en un secuestro exprés contra un comerciante que se negó a pagar “derecho de piso”.
En total, siete personas fueron arrestadas durante la Operación Liberación, desplegada el 21 de julio en 14 municipios mexiquenses. Entre ellas están encargados de negocios de cárnicos, materiales de construcción, madera y servicios de paquetería.
Estos operadores no simplemente recaudaban pagos, sino que también coordinaban el acaparamiento de mercancías y dictaban a qué establecimientos podían acudir los consumidores.
El respaldo político
La Nueva Familia Michoacana no ha cometido sus crímenes sola. En operativos previos efectuados desde noviembre pasado como Enjambre, Restitución o Atarraya, las autoridades han detectado vínculos de la Organización con funcionarios públicos, entre ellos alcaldes, directores de seguridad y otros mandos locales.
Esta red de protección institucional facilitó que la formación extienda su influencia más allá del Estado de México, alcanzando entidades como Guerrero, Michoacán y Morelos.
El gobierno estadounidense catalogó a la Familia como un grupo terrorista y ofrece recompensas millonarias por los líderes criminales: cinco millones de dólares por Johnny Hurtado y tres millones por José Alfredo.
Operativos reveladores del poderío dominante
Desde noviembre de 2024 se desplegaron cinco grandes operativos en la entidad con el fin de desarticular las redes de extorsión, tráfico de influencias y despojo promovidos por el cártel.
En la operación Bastión fueron cateados 21 ranchos y bodegas; en Restitución, 401 inmuebles fueron recuperados de manos del crimen organizado.
Las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Fiscalía estatal revelan no sólo la dimensión del poder y el control impuesto por ellos en las regiones rurales y suburbanas del Estado de México, sino también la profundidad con la que las estructuras criminales han penetrado el tejido económico y político local.
Con información de Latinus
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