México tiene una cobertura sanitaria 20 puntos menor que el promedio de la OCDE
Universalizar el acceso a servicios de salud es uno de los grandes retos para México. Sólo el 78% de los habitantes cuenta con cobertura médica (pública o privada), de acuerdo con cifras del informe Panorama de la Salud 2025 elaborado por la OCDE.
Esto implica que, en el país, 2 de cada 10 personas enfrentan complicaciones para acceder a servicios básicos de salud, desde estudios de laboratorio, consultas, procedimientos quirúrgicos, tratamientos y medicinas.
El nivel de cobertura sanitaria en México es significativamente bajo si se compara con el promedio de los países de la OCDE; en donde la cobertura sanitaria alcanza al 98% de la población.
Otro de los indicadores que muestran un menor desempeño en México sobre el acceso a la salud es la satisfacción de los usuarios de estos servicios; sólo 56% se sintió conforme con la atención médica de calidad. La media de la OCDE fue de 64 por ciento.
De la mano con los indicadores de acceso a la salud, se observa también que México gasta menos presupuesto que otras economías similares en este rubro.
El gasto en salud es equivalente al 5.9% del PIB nacional en el país, mientras que el promedio de la OCDE asciende a 9.3 por ciento. Incluso, algunos países miembros destinan poco más del 10% del PIB a los recursos para la salud.
Esta brecha se ve incluso más clara cuando se analiza el gasto en salud en proporción con el tamaño de la población. Por ejemplo, en México el gasto en salud per cápita es de 1,588 dólares, mientras que el promedio de los países OCDE es de 5,967 dólares.
Un bajo nivel de recursos destinados a la salud de los mexicanos repercute no sólo en el acceso efectivo de la población a este derecho; también afecta la calidad y eficiencia de las instituciones de salud pública.
Más allá del acceso: disponibilidad y calidad
México mostró que, aunque algunos indicadores sobre disponibilidad sanitaria se encuentran con bajo desempeño, otros indicadores sobre la salud general y hábitos están en niveles positivos.
En el informe se estima que a nivel nacional hay 2.7 médicos en ejercicio por cada 1,000 habitantes y 3.0 enfermeras en ejercicio por cada 1,000 habitantes. Ambos niveles menores del promedio de la OCDE y del promedio recomendado por los organismos sanitarios.
Adicionalmente, México tiene 1.0 camas de hospital por cada 1,000 habitantes, esta cifra presenta una de las brechas más grandes con los países miembros de la OCDE, el promedio en este indicador es 4.2 camas por cada 1,000 personas.
Incluso en la disponibilidad de equipo médico especializado básico para detección, diagnósticos o tratamientos también se observan niveles bajos.
Estos bajos niveles de recursos humanos y de infraestructura también se reflejan en otros indicadores sobre el acceso a la salud.
Por ejemplo, se observan bajos niveles de atención de salud en la primera infancia: sólo el 78% de los niños elegibles fueron vacunados contra la difteria, tétanos y tos ferina, una cifra significativamente baja respecto del promedio OCDE.
La aplicación de pruebas de cáncer de mama también muestra la baja calidad sanitaria en materia de prevención: sólo 2 de cada 10 mujeres en edad de riesgo se sometieron a pruebas de detección de este tipo de cáncer.
Menores factores de riesgo en México
Por otro lado, en el análisis de los factores de riesgo para la salud, se observó que los mexicanos presentan cifras más positivas en comparación con otros países de la OCDE: fuman menos, toman menos alcohol y hay menores casos de suicidio (conectado con otros problemas de salud mental).
Sólo 9% de los mayores de 15 años fuma diariamente en México. Este indicador asciende hasta 15% en el promedio de los miembros de la OCDE.
La media de litros de alcohol bebidos por persona fue de 6.2 por persona; también inferior a los 8.5 litros per cápita de la OCDE.
Aunque los hábitos o factores de riesgo para la salud se mantienen en niveles positivos, todavía se registran más hospitalizaciones y fallecimientos evitables en México. Así como todavía existen personas fuera de la cobertura médica pública y que tampoco pueden costear los servicios privados.
Una de las carencias sociales en las que más se ha retrocedido en México es la que evalúa el acceso efectivo a la salud. Universalizar este derecho y mejorar la calidad y disponibilidad son los principales retos en este rubro.
Con información de El Economista.
Tips al momento
Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?
Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.
Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.
Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.
Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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