Acusan a Procurador de BCS de violencia de género y fabricar carpeta para silenciar a exagente

Con menos de cinco meses en el cargo, el procurador General de Justicia de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, cuenta con una denuncia en su contra por violencia de género, discriminación y amenazas; a la que se suma otra por acoso sexual de la que ya fue exonerado. La Procuraduría estatal afirma que el primer caso deriva de inconformidades por asuntos administrativos. 

La denunciante de violencia de género, Thalía, es una exagente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Alto Impacto de la Procuraduría estatal que llevaba siete años en el puesto, pero con la llegada de López Rodríguez, afirma, padeció varios episodios de violencia que relata en su denuncia del 15 de agosto último, en el expediente LPZ/6593/2025/NUC, donde también acusa a César Eduardo Juárez Castillo, oficial mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).  

 

Para la denunciante, el procurador estatal “debería pedir licencia porque es la segunda denuncia que tiene en su contra; la primera, antes de su llegada a la procuraduría del estado por hostigamiento sexual” que consta en el expediente SJC/2515/2023/NUC. 

El mismo día que Thalía presentó sus acusaciones formales, “Lidia Mena Cázares, subprocuradora de Justicia Alternativa, subordinada del procurador, me cerró la carpeta sin permitirme aportar las pruebas que tenía, y consideraron que no existían elementos para continuar el proceso”. 

Tras impugnar la decisión, en una audiencia a la que no se presentó el procurador por “temas de agenda”, el juez de control dio la razón a la denunciante quien, pese a la resolución, reclama que hasta ahora le niegan el acceso a la carpeta para aportar todas las evidencias que tiene contra López Rodríguez.

Thalía también expone que el procurador se ha servido de una red de complicidades entre quienes le deben el cargo; “me fabricaron una carpeta de investigación por ejercicio ilícito de servicio público y usurpación de funciones públicas”, la cual, afirma, se generó apenas siete días después de su proceso legal contra el funcionario estatal, “con la intención de silenciarme y de que desista”.

La mujer explica que mientras estuvo adscrita a la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto, llevó un caso de fraude y, para cuando fue movida del cargo, una magistrada la citó para atender una audiencia a la que, de no presentarse tendría una sanción de 11 mil pesos, por lo que se conectó a la audiencia vía zoom. 

“Yo la atendí desde el ISSSTE por los daños que estaba sufriendo por estrés laboral, por todo el hostigamiento que estaba viviendo. Me acusan de atender esa audiencia ya que no debía porque ya estaba en otra área cuando fui citada por la magistrada, pero además la Procuraduría no me iba a pagar la multa de 11 mil pesos”.  

Acusa que, por si fuera poco, fue cambiada de área en cuatro ocasiones y le redujeron su salario a casi la mitad con la intención de obligarla a renunciar, lo cual finalmente hizo “sin que recibiera ni un peso. No me liquidaron”.

 

 

Tres días después de la denuncia en su contra la judicializaron, “cuando hay desapariciones, violaciones, feminicidios que tienen años durmiendo el sueño de los justos”. 

Y, agrega, solicitaron una audiencia ante el juez Adrián Ramos Hinojosa. Fue citada el día de su cumpleaños, el 8 de enero de 2026.

Ese juez de control es, además, concubino de María Eugenia González, subprocuradora de Atención a Víctimas de Delito contra la Libertad Sexual y la Familia, recién nombrada por Antonio López, por lo que hay tráfico de influencias. 

Tiempo atrás, Thalía presentó una queja contra el mismo Adrián Ramos “ante la visitaduría del Poder Judicial por corrupción, por actuar contrario a derecho y por misógino cuando dictó una absolutoria en un asunto grave de delincuencia organizada, pero esa queja fue desechada, lo protegió el Poder Judicial”. 

Más maltrato del Poder Judicial

Thalía buscó a la magistrada presidenta del Poder Judicial estatal, Claudia Cota Peña. “Me trató pésimo porque le dije que cómo era posible que me pusieran al juez para la audiencia al concubino de la subordinada del procurador, y ella me dijo que confía en todos sus elementos, que le hiciera como pudiera, que agotara todos los recursos legales. Ella misma –agrega– va a dar pláticas contra la violencia de género”. 

En la red de vínculos para revictimizarla, acusa Thalía, están funcionarios de la Procuraduría estatal que la llevaron a renunciar como jefa de Unidad adscrita a la Subprocuraduría de Atención de Delitos Alto Impacto, para dar ese cargo a Karim Orozco, a quien señala como amigo del procurador, incluso, explica que “Antonio López no puede recibir a las madres buscadoras, pero sí acude a una fiesta de cumpleaños de Karim”. 

También señala a dos subprocuradoras y una coordinadora de agentes para “fabricarme la carpeta de investigación en mi contra. Cuántos recursos del estado y personas que no atienden sus casos se enfocan en el mío”. 

César Eduardo Juárez, el otro imputado por los delitos contra Thalía, “es esposo de Cinthya Montufas, directora general del Instituto de Capacitación para los Trabajadores de BCS, prima de Erik Abraham Montufas, quien tiene la orden de amenazarme y generar violencia de género para que desista de mi denuncia. 

Él es el mensajero de César. Le mandó decir a las personas que trabajaban conmigo que ya me calmara, que no me iba a ir bien, que él tenía muchos contactos políticos, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. César se jacta de que está bien parado políticamente porque se vende como el principal operador político de Milena Quiroga (alcaldesa de La Paz). 

Sobre ese tema la prensa local también preguntó al gobernador Víctor Manuel Castro, quien respondió: “No es el camino la impunidad y la complicidad, esto no, si me dan el número de carpeta o quién hizo la denuncia, pues lo investigamos. No hay favoritismo para nadie. Este procurador se nombró, se investigó, lo nombró y ratificó el Congreso y, bueno, había una denuncia anterior, se investigó y no tuvo ninguna seriedad”. 

Tips al momento

Bloqueos carreteros el 23 de marzo: productores acusan incumplimiento de acuerdos de SEGOB

Productores de grano y transportistas anunciaron un nuevo cierre de carreteras a nivel nacional el próximo 23 de marzo, en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entre las principales demandas se encuentran el respeto a los precios de garantía y mayores condiciones de seguridad en las carreteras.


La movilización es encabezada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo, que acusa a las autoridades federales de no cumplir compromisos previamente firmados con campesinos, particularmente productores de maíz y frijol.


En Chihuahua, señalan al actual delegado de la SEGOB, Héctor Aguilera Brenes, designado en 2022 durante la gestión de Adán Augusto López, como uno de los responsables de la falta de seguimiento a los acuerdos. También se menciona la relación política con Andrea Chávez Treviño y parentesco con el secretario técnico de la comisión del Bienestar Marcelino Gómez Brenes, lo cual es relevante teniendo en cuenta las tensiones entre grupos del gobierno federal.


Los inconformes ya han realizado acciones previas, incluyendo la toma de oficinas del Bienestar, de Mayra Chávez, candidata del grupo cercano de la Secretaria Ariadna Montiel. Advierten que, de no obtener respuesta, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.


Ponen módulo de Beca Rita Cetina al exterior del Congreso

Al exterior del Congreso del Estado, en la zona donde normalmente pone la diputada Brenda Ríos una mesa de gestiones, hoy fue colocado un módulo de registro de la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primaria.

Este módulo estará operando durante parte del día, y se espera que sea la propia titular de este programa Ishtar Ibarra, quien atienda personalmente el registro de tutores y estudiantes.

Este programa forma parte de la serie de becas que ofrece la delegación del Bienestar en Chihuahua bajo la administración de Mayra Chávez.


Quieren afiliar a todo GyC

A través de las redes sociales se denuncia que en Guadalupe y Calvo, el partido de Morena ha afiliado a personas sin su consentimiento.

De acuerdo a las versiones, desde que se dio a conocer que Morena tiene un padrón inflado en más de  93 mil742 nuevos integrantes de forma irregular, en municipios como Guadalupe y Calvo se dice que son cerca de mil 700.

 Al parecer las personas habrían sido afiliadas al partido sin su consentimiento y se estarían utilizando los programas del Bienestar como chantaje.

Supuestamente si no se afilian pueden perder los apoyos.

 

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