La Cámara de Diputados aprueba elevar las penas por el delito de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Extorsión, que aumenta las penas de 15 a 20 años, y con las agravantes aprobadas previamente por el Senado, pueden llegar hasta los 42 años. 

Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular por 450 votos a favor la norma que homologa y armoniza el marco jurídico que permite combatir ese delito en todo el territorio nacional, y establece que se investigará de oficio y se podrá denunciar de forma anónima.    

También fija que los servidores públicos que se abstengan de denunciar el delito ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la policía, pueden tener una pena 10 a 20 años.  

Además de que se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión para quien, sin la autorización correspondiente, introduzca a un centro de readaptación social o establecimiento penitenciario algún dispositivo electrónico o telefonía fija o móvil. 

La reforma fue enviada por el Senado de la Republica a la Cámara de Diputados debido a que se le hicieron 20 cambios a 15 artículos. Al ser aprobada en San Lázaro, la reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su posterior promulgación.  

Reclamos encienden el debate

La discusión fue fluida, ya que todos los partidos estaban a favor de la iniciativa. Sin embargo, el diputado panista Marcelo de Jesús Torres Cofiño encendió el debate al señalar que la oposición en San Lázaro ya había explicado con calma los cambios que necesitaba la reforma, pero que fueron desdeñados por el oficialismo. 

Finalmente los cambios se le realizaron en el Senado. 

“Las modificaciones del Senado se parecen sospechosamente a lo que les explicó nuestro coordinador, Elías Lixa, con altura y con paciencia de maestro de primaria: aumentar penas, crear unidades especializadas, pulir errores básicos de redacción, eliminar barbaridades jurídicas como las que ustedes defendieron casi con orgullo. Todo lo que negaron aquí el Senado lo corrigió allá”, detalló.  

Ante ello, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que se tiene que abandonar esta actitud facciosa, esta actitud de soberbia, de altanería, de ‘se los dije’”, algo que consideró no solo odioso, sino una falta de tacto en un debate parlamentario que debió ser de más altura y de más nivel. 

“En un sistema bicameral, en un sistema como el nuestro, revisar los actos de la colegisladora deberían ser algo normal y no tendría ni por qué ofender ni por qué incomodar a ningún legislador, ni ufanarse, porque esto es el sistema bicameral, las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra. 

“Yo acepto la parte que me corresponde, porque debatí esa noche y lo hice con pasión, con lo que yo considero mi verdad. En este acto procesal legislativo que se revisó y que estamos asistiendo a que la Cámara de Diputados confirme su decisión, se allane a la decisión de la colegisladora o no acepte lo que la colegisladora hizo. Y si no lo aceptáramos, también no tendrían por qué ofender, lastimar o descalificar los actos que se ejercen con motivo de nuestras tareas”, agregó. 

 

 

Con infromación de: Proceso.

Tips al momento

Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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