Condenan a más de 11 años de prisión al expresidente de Perú, Pedro Castillo

LIMA (AP) — Un tribunal de Perú condenó el jueves al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de cerrar el Congreso en 2022, lo que devino en su destitución.

También fueron condenados sus exministros Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, y Willy Huerta y se impuso una pena menor a quien era su jefe del gabinete de asesores, Aníbal Torres. Otros dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.

Castillo (2021-2022) y Chávez recibieron una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, además de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ambos casos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la pena se ejecute de manera efectiva, aunque Chávez tiene asilo diplomático. El fallo puede ser apelado.

La Fiscalía había pedido 34 años de prisión para Castillo y 25 años para Chávez.

Huerta recibió la misma pena, pero la sala dispuso que quede en suspensión al igual que la condena de 6 años y 8 meses de prisión para Torres. El tribunal también impuso a los cuatro una reparación civil total de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) .

Castillo era juzgado desde marzo por haber anunciado el 7 de diciembre de 2022 la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción y la intervención del Poder Judicial, lo que fue calificado por la Fiscalía como un intento de quiebre del orden constitucional.

Con el cierre del Parlamento Castillo intentaba evitar una votación que buscaba su remoción por “incapacidad moral permanente”.

Ese mismo día el entonces mandatario fue detenido por la policía tras salir del Palacio de Gobierno cuando se dirigía con su familia hacia la embajada de México, según la reconstrucción de los hechos recogida en el expediente judicial. Inmediatamente el Congreso lo destituyó.

Castillo ya había sobrevivido a otros dos intentos previos de remoción. Apenas estuvo 16 meses en el gobierno y modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis interna.

El juicio incluyó testimonios de exfuncionarios, mandos policiales y miembros de la escolta presidencial que detallaron las órdenes de Castillo y las circunstancias de su detención. El exgobernante afronta además otras investigaciones por presunta corrupción.

Maestro rural y sindicalista, Castillo ganó la elección de 2021 en segunda vuelta contra Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

La condena a Castillo se produjo un día después de la sentencia a 14 años de prisión del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por recibir sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país. Vizcarra también fue inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos.

Además de Castillo y Vizcarra, en Perú hay otros dos exmandatarios presos. Alejandro Toledo (2001-2006) fue condenado a 20 años por lavado de activos de la constructora Odebrecht. En tanto, Ollanta Humala (2011-2016) también cumple una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero de esa firma brasileña. Fujimori estuvo preso por más de 15 años, fue liberado en 2023 y murió en libertad al año siguiente.

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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