
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos insistió este martes que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, “no recibirá ninguna recompensa de cooperación” por el secuestro y la posterior entrega de Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno estadunidense en julio de 2024.
En un largo comunicado donde ofreció detalles sobre la declaración de culpa de Guzmán López, quien fuera uno de los líderes de la rama del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, el Departamento de Justicia recalcó que, por los dos delitos que reconoció –tráfico de 36 kilos de fentanilo, 90 kilos de heroína, 450 kilos de cocaína, 45 kilos de metanfetaminas y 90 toneladas de marihuana, y delincuencia organizada--, el capo de 39 años enfrenta una condena mínima de 10 años de cárcel, y una máxima con sentencia de por vida.
El Departamento de Justicia insistió en que el gobierno estadunidense no estuvo involucrado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el líder histórico del Cártel de Sinaloa –y otrora socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera--, y subrayó que el propio Guzmán López admitió que lo hizo “con la esperanza de recibir un bono de cooperación de Estados Unidos”.
“Estados Unidos no indujo ni condonó el secuestro”, recalcó la dependencia, para dejar clara la postura de Washington en un diferendo que causó la profunda molestia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió de manera reiterada al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre la captura de Zambada, la cual detonó una explosión de violencia en Sinaloa.
Citada por el Departamento de Justicia, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, celebró la declaración de culpabilidad de Guzmán López como “una victoria mayúscula contra el Cártel de Sinaloa” y la atribuyó a la política del presidente Donald Trump contra el tráfico de drogas; ello, a pesar de que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán orquestó el secuestro y su entrega a Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden.
Con información de: Proceso.

Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.

Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.

Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.

Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
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Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
