Autoridades acuerdan que el "Plan Michoacán" será permanente, a un mes del asesinato de Carlos Manzo
Autoridades de los tres niveles acordaron que la presencia de fuerzas federales en Michoacán será de forma permanente.
Durante una reunión en la que estuvieron la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, así como secretarios de Seguridad, Ejército, Marina y el gobernador de la entidad, se dialogó sobre la presencia del personal.
"El encuentro contó con la participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; el Fiscal Estatal, Carlos Torres Piña; la alcaldesa Grecia Quiroz, así como autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes de corporaciones de seguridad federal y local", menciona el documento.
Durante la sesión de trabajo se revisaron avances de la estrategia en la región, se conocieron solicitudes, así como prioridades de las autoridades locales y se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos para combatir la extorsión, atender las zonas de mayor incidencia delictiva y garantizar la seguridad de la población.
"Se mantendrá de manera permanente para proteger los ciclos productivos, fortalecer la vigilancia territorial y realizar acciones contundentes contra los grupos delictivos que afectan a las familias y al sector económico de la región", menciona.
Hasta el momento, según el gobierno federal, el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” ha permitido la detención de 147 personas, el aseguramiento de 60 armas de fuego, de seis mil 954 cartuchos, 365 cargadores, 121 vehículos, 89 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 18.7 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.
El Gobierno de México trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Michoacán, autoridades municipales, legisladores y empresarios para la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.
Con información de: LatinUs.
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EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
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