El agua no se negocia ni se impone: Diputado Guillermo Ramírez

 

El recurso hídrico debe protegerse con justicia para el campo y para los pueblos originarios.

El Diputado por el Distrito XXI, Guillermo Patricio Ramírez, expresó su rechazo categórico a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada la noche del 3 de diciembre, señalando que se trató de un proceso precipitado, sin apertura y con una lógica centralista que excluyó a quienes debieron ser escuchados.

Ramírez denunció que se ignoró la consulta obligatoria a los pueblos originarios, un mandato constitucional y un derecho reconocido internacionalmente.
“Excluir a las comunidades indígenas es desconocer su historia, su territorio y su relación con el agua”, afirmó.

El legislador también remarcó que el campo mexicano quedó fuera de toda consideración, pese a ser el principal afectado por decisiones tomadas sin diagnóstico ni cercanía con la realidad productiva.
“Se legisló desde escritorios, no desde la tierra donde se siembra y se alimenta al país”, sostuvo.

A ello se suma —advirtió— la desorganización con la que se dictaminó la reforma: más de medio centenar de cambios sobre la marcha, lo que evidencia improvisación y falta de responsabilidad legislativa.

Ramírez señaló como uno de los puntos más delicados la creación del llamado Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, un esquema cuyo funcionamiento se definirá después y sin controles claros.
“Ese fondo puede convertirse en un instrumento discrecional. Cuando se legisla sin reglas, se abre la puerta a abusos y decisiones a espaldas de la ciudadanía”, alertó.

El diputado recalcó que esta reforma amenaza la seguridad alimentaria, al alterar el acceso al recurso más esencial sin escuchar a quienes dependen del agua para producir alimentos.
“El agua no puede transformarse en premio político ni en herramienta de presión”, declaró.

Finalmente, reiteró que permanecerá firme en la defensa de Chihuahua, del sector productivo y del derecho humano al agua.
“Frente a decisiones tomadas por consigna, nosotros defendemos a la gente. El campo, las comunidades y los productores merecen respeto y participación.”

¡Chihuahua levanta la voz y no permitirá retrocesos!

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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