
El Pueblo Táctico, construido por el Gobierno Municipal en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), es un espacio de entrenamiento que simula una ciudad a escala real, donde las y los policías municipales practican distintos escenarios de seguridad que pueden presentarse en la vida cotidiana.
Además de fortalecer la preparación de los elementos, este espacio permite que las prácticas se realicen en un entorno controlado, sin poner en riesgo a la población ni generar alarma por la presencia de agentes armados durante los simulacros.
Así lo explicó el jefe de instructores del área policial, el policía primero Francisco Javier Echeverría Terrazas, quien señaló que el Pueblo Táctico permite entrenar a elementos de grupos especiales, distritos y diversas agrupaciones en maniobras de revisión y detención de vehículos, así como en técnicas de intervención en espacios urbanos.
Recordó que, en años anteriores, los entrenamientos se realizaban en fraccionamientos deshabitados o edificios en desuso, lo que complicaba la logística y el control de los ejercicios. Hoy, el Pueblo Táctico ofrece un espacio propio, adecuado y seguro para estas prácticas.
Este complejo forma parte de la segunda etapa del ISSCUU, entregada oficialmente por el alcalde Marco Bonilla y el comisario Julio César Salas el 10 de diciembre de 2024. Entre sus instalaciones se cuenta con un edificio gubernamental con azotea para prácticas de intervención, una plaza con kiosco, así como una estación de gasolina, banco, tienda de conveniencia y ferretería, utilizados para la simulación de robos, asaltos y toma de rehenes.
En este entorno también se realizan prácticas para la atención de eventos masivos, políticos o recreativos, donde los elementos aprenden a planear operativos, distribuir al personal y actuar ante distintos factores de riesgo.
Uno de los grupos que más utiliza estas instalaciones es el Equipo de Proyectos Especiales (EPE), que interviene en situaciones de alto riesgo. Además de los escenarios urbanos, este grupo entrena en la Casa Táctica, equipada con paneles móviles que permiten simular distintos tipos de vivienda, y con el apoyo del robot “Pantera”, de control remoto, con cámara y altavoz.
El complejo también cuenta con una amplia superficie para prácticas de manejo, donde se refuerzan las maniobras de revisión y detención de vehículos sospechosos, así como persecuciones controladas.
Con más de 30 años de servicio en la corporación, el policía primero Francisco Echeverría destacó que la principal fortaleza del Pueblo Táctico es contar con un espacio cercano, propio y especializado, que permite brindar mayor certeza en el servicio a la comunidad.
“Hoy los grupos están mejor preparados, los elementos entrenan con mayor confianza y la ciudadanía no corre riesgos durante los simulacros”, puntualizó.


Una investigación periodística publicada por el columnista Darío Celis en El Heraldo de México expuso una presunta red de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral, la cual estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La columna "La Quinta Transformación", revela que las indagatorias apuntan a la exsecretaria Ejecutiva del órgano electoral, Claudia Arlett Espino, y a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE.
Estas serían clave en el esquema de asignación y supervisión de contratos.
La editorial señala a Claudia Espino, considerada la segunda al mando durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien tenía a su cargo la relación con proveedores, la operación de licitaciones y la firma de contratos.
Por su parte, Carvente Contreras era el encargado de auditar y autorizar los mismos procedimientos, existiendo presuntamente una relación personal entre ambos que comprometió la imparcialidad del proceso.
La publicación destaca que Claudia Arlett Espino dimitió a su cargo en el INE el pasado 9 de septiembre argumentando motivos de salud.
Posteriormente, el 17 de octubre asumió la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, posición a la que renunció el 2 de noviembre en medio del avance de los señalamientos financieros y judiciales a nivel federal.
Las pesquisas continúan sobre la estructura administrativa del órgano electoral.

La polémica compra del edificio que sería la sede de Morena en Chihuahua vuelve a la mira y en esta ocasión debido a que este miércoles a las 11:00 de la mañana, Martín Chaparro Payán y Martha Laguette Lardizábal deberán presentarse ante los juzgados por un caso relacionado con el presunto fraude a un particular en la adquisición del inmueble…
De acuerdo con información extraoficial, Laguette no acudiría personalmente y estaría representada por sus abogados, mientras que Chaparro sí se presentaría a la cita judicial por lo que muchos estarán a la expectativa de como termina este proceso…
La historia se remonta a 2019, cuando Martha Laguette, entonces secretaria de Finanzas de Morena en Chihuahua, anunció la adquisición de un edificio de más de mil metros cuadrados, ubicado en el cruce de las calles Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, por un monto de 12 millones de pesos…
La compra pronto se convirtió en motivo de confrontación al interior del partido, en ese entonces cuando Martín Chaparro, quien encabezaba el Comité Ejecutivo Estatal, denunció públicamente haber sido excluido de las negociaciones y aseguró que se enteró de la operación a través de los medios de comunicación…
Ahora, varios años después, el conflicto parece entrar en una nueva etapa, pero ya no solamente en el terreno de las disputas partidistas y los señalamientos públicos, sino en el ámbito judicial…

Se solicitó a los 254 legisladores del grupo parlamentario de Morena iniciar una estrategia coordinada en plataformas digitales para remarcar que las irregularidades y la asignación de contratos venían operando desde administraciones previas en el organismo electoral.
Para unificar el discurso, se distribuyeron los siguientes "ejes estratégicos narrativos":
Esto es una MAFIA ELECTORAL.
Lorenzo Cordova sabía y no hizo nada, no solo sabía, de acuerdo con la información presentada, en su 9 años como presidente del INE hubo contratos entre la OPLES por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a 5 empresas principales asociadas a Alfredo Hernández.
Luego de la Reforma electoral de Peña Nieto (PACTO por MÉXICO) Lorenzo Córdova, recibe un SUPER PODERES del INE , que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLES.
El vínculo entre Alfredo y Lorenzo, es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de SOMOS en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es Asesor, y Claudio X. González, y otros ex consejeros del INE y quienes trabajaron en el CISEN !!! Ni más ni menos que como Secretario General y Secretario Particular en la época más obscura del PRI.
Taddei es miembro de la Mafia Electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLES.

Una investigación periodística publicada por el columnista Darío Celis en El Heraldo de México expuso una presunta red de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral, la cual estaría siendo investigada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La columna "La Quinta Transformación", revela que las indagatorias apuntan a la exsecretaria Ejecutiva del órgano electoral, Claudia Arlett Espino, y a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE.
Estas serían clave en el esquema de asignación y supervisión de contratos.
La editorial señala a Claudia Espino, considerada la segunda al mando durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien tenía a su cargo la relación con proveedores, la operación de licitaciones y la firma de contratos.
Por su parte, Carvente Contreras era el encargado de auditar y autorizar los mismos procedimientos, existiendo presuntamente una relación personal entre ambos que comprometió la imparcialidad del proceso.
La publicación destaca que Claudia Arlett Espino dimitió a su cargo en el INE el pasado 9 de septiembre argumentando motivos de salud.
Posteriormente, el 17 de octubre asumió la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, posición a la que renunció el 2 de noviembre en medio del avance de los señalamientos financieros y judiciales a nivel federal.
Las pesquisas continúan sobre la estructura administrativa del órgano electoral.

La polémica compra del edificio que sería la sede de Morena en Chihuahua vuelve a la mira y en esta ocasión debido a que este miércoles a las 11:00 de la mañana, Martín Chaparro Payán y Martha Laguette Lardizábal deberán presentarse ante los juzgados por un caso relacionado con el presunto fraude a un particular en la adquisición del inmueble…
De acuerdo con información extraoficial, Laguette no acudiría personalmente y estaría representada por sus abogados, mientras que Chaparro sí se presentaría a la cita judicial por lo que muchos estarán a la expectativa de como termina este proceso…
La historia se remonta a 2019, cuando Martha Laguette, entonces secretaria de Finanzas de Morena en Chihuahua, anunció la adquisición de un edificio de más de mil metros cuadrados, ubicado en el cruce de las calles Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, por un monto de 12 millones de pesos…
La compra pronto se convirtió en motivo de confrontación al interior del partido, en ese entonces cuando Martín Chaparro, quien encabezaba el Comité Ejecutivo Estatal, denunció públicamente haber sido excluido de las negociaciones y aseguró que se enteró de la operación a través de los medios de comunicación…
Ahora, varios años después, el conflicto parece entrar en una nueva etapa, pero ya no solamente en el terreno de las disputas partidistas y los señalamientos públicos, sino en el ámbito judicial…

Se solicitó a los 254 legisladores del grupo parlamentario de Morena iniciar una estrategia coordinada en plataformas digitales para remarcar que las irregularidades y la asignación de contratos venían operando desde administraciones previas en el organismo electoral.
Para unificar el discurso, se distribuyeron los siguientes "ejes estratégicos narrativos":
Esto es una MAFIA ELECTORAL.
Lorenzo Cordova sabía y no hizo nada, no solo sabía, de acuerdo con la información presentada, en su 9 años como presidente del INE hubo contratos entre la OPLES por más de 2 mil millones de pesos favoreciendo a 5 empresas principales asociadas a Alfredo Hernández.
Luego de la Reforma electoral de Peña Nieto (PACTO por MÉXICO) Lorenzo Córdova, recibe un SUPER PODERES del INE , que ahora tenían la facultad de aprobar la designación de los presidentes de los OPLES.
El vínculo entre Alfredo y Lorenzo, es Juan Carlos Padilla Aguilar, él es operador de SOMOS en el Estado de México, el mismo partido del cual Lorenzo Córdova es Asesor, y Claudio X. González, y otros ex consejeros del INE y quienes trabajaron en el CISEN !!! Ni más ni menos que como Secretario General y Secretario Particular en la época más obscura del PRI.
Taddei es miembro de la Mafia Electoral, ya que ella fue designada por Lorenzo Córdova en 2014, y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLES.
