
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este lunes que se reclasificara el delito de la investigación por la explosión de automóvil en el municipio de Coahuayana, Michoacán.
La Fiscalía General de la República informó el día del hecho, el sábado pasado, que había abierto una carpeta de investigación por el delito de terrorismo, pero hace unas horas señaló que indaga el caso como delincuencia organizada.
"Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía, pero tienen que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, que quiere decir en términos del Código Penal y o delincuencia organizada y también saber exactamente qué pasó", dijo ante la pregunta de la prensa.
Sin embargo, indicó que las autoridades de Seguridad ofrecerán más detalles sobre el caso este martes en su visita a la conferencia matutina.
"Fue algo de la fiscalía y mañana puede darle Gabinete de Seguridad más información", reiteró.
Sheinbaum señaló que será a partir de la investigación que se catalogue el delito que se cometió, pero explicó que se deben conocer las causas y responsables.
La mandataria también evadió señalar si después de la explosión del automóvil considera analizar el "Plan Michoacán", recién emprendido.
"Hay que revisar. Primero, antes de cualquier cosa hay que estar bien informados (...) para eso es importante que se haga la investigación, por eso estamos reforzando desde que llegamos la inteligencia y la investigación, a partir de ahí las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar", añadió.
Con información de Latinus.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
