Cluster Minero llama a un análisis técnico de la Ley de Aguas Nacionales; advierte riesgos para operaciones mineras

La Cámara Minera de México, llamó al Legislativo a un análisis técnico de la discusión del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales advirtiendo de riesgos para las operaciones mineras expresando su preocupación ante las graves afectaciones que se tendría. 

Explican que la minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia ya que los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada (depósitos de jales), diseñada conforme a la normatividad mexicana establecida por la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos. 

Añaden que la reducción vigente considerada para el Artículo 118 prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables. 

También argumentando que, como cualquier país que tiene un importante potencial minero, México necesita una regulación sólida, basada en información y evidencia técnica, que garantice la protección a la población y al medio ambiente y, al mismo tiempo, permita que sectores esenciales para el país operen bajo las mejores prácticas como lo hacen las empresas afiliadas. 

 

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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