
Seis trabajadores originarios del estado de Puebla, que se encontraban laborando en la Suite Cervantes, ubicada sobre la avenida Miguel de Cervantes, casi cruce con la avenida Tecnológico, fueron víctimas de una extorsión telefónica mediante llamadas y videollamadas.
De acuerdo con el reporte, los afectados recibieron una comunicación en la que el presunto extorsionador los acusó falsamente de manejar drogas en dicho lugar, asegurándoles que serían denunciados ante las autoridades.
Posteriormente, les ordenó que regresaran a los sitios donde se encontraban hospedados y que no salieran, manteniéndolos bajo amenazas.
Más tarde, los extorsionadores se comunicaron con los familiares de los trabajadores en el estado de Puebla, a quienes les exigieron dinero en efectivo, argumentando que las víctimas se encontraban secuestradas. Ante el temor, familiares de al menos dos de los trabajadores realizaron depósitos, los cuales oscilaron entre 20 y 25 mil pesos.
Fue hasta la mañana de este día cuando el patrón de los trabajadores en la ciudad de Chihuahua, al notar que no acudían a laborar, logró contactarlos.
Al conocer lo ocurrido, se dio aviso inmediato al número de emergencias 911.
Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y orientar a las víctimas, quedando el caso a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento y la investigación del delito.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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