Ya detuvieron a César Duarte, ¿y Javier Corral? Así fue cuando la FGJ-CDMX lo salvó de un arresto

La noche del 14 de agosto de 2024, un grupo de agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua arribó al restaurante Gin Gin, en la colonia Roma de la Ciudad de México, con la intención de cumplimentar una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral Jurado, acusado de peculado.

Minutos después, el encargado de despacho de la FGJ-CDMX, Ulises Lara López, llegó al lugar. Tras revisar la documentación presentada por los agentes, determinó que no contaba con un oficio de colaboración formal que permitiera la detención fuera de su jurisdicción.

Por ello, impidió la aprehensión y acompañó a Corral hacia las oficinas capitalinas, de donde salió por su propio pie.

Desde entonces, existen versiones encontradas: mientras la oposición señala que fue ‘rescatado’, la FGJ-CDMX insiste en que lo que ocurrió fue la defensa del debido proceso. Este suceso marcó un punto de tensión entre autoridades estatales de Chihuahua y la Fiscalía capitalina.

¿Por qué se frustra la detención de Javier Corral en CDMX?

La aprehensión estaba basada en una orden de un juez del Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, por presuntos actos de peculado cometidos por Corral durante su gestión.

No obstante, para llegar a la CDMX y ejecutar la orden, los agentes debían contar con un convenio de colaboración vigente. En este caso —según la FGJ-CDMX— la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no forma parte del acuerdo nacional de colaboración interinstitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación desde 2012.

Esa omisión invalidaba la detención: de haber procedido, habría sido una privación ilegal de la libertad, en violación al debido proceso. Por eso, la FGJ-CDMX decidió no cooperar.

¿Rescate o defensa del Estado de derecho?

Desde la vereda capitalina, Ulises Lara López ha afirmado repetidamente que no hubo rescate ni favoritismo: su acción —dijo— respondió a la obligación de proteger los derechos humanos y legales de Corral, pues la detención carecía de sustento jurídico.

Desde Chihuahua, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó a la FGJ-CDMX de obstruir la justicia. Aseguró que la intervención impidió el cumplimiento de una orden legítima y describió lo ocurrido como interferencia en la persecución penal, no como “imprudencia” institucional.

En ese contexto, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México exigió la renuncia de Ulises Lara, señalando que su actuación favorece impunidad y protege a políticos acusados de corrupción.

Tras los hechos, la FGJ-CDMX remitió la carpeta de investigación a la FGR, argumentando que la tentativa de detención por parte de la Fiscalía de Chihuahua podría implicar delitos de competencia federal, como privación ilegal de la libertad.

De prosperar, quienes intentaron ejecutar la orden podrían enfrentar cargos penales. Mientras tanto, Javier Corral continúa libre y ahora tiene fuero al ser senador de la República.

Con información de: El financiero.