CCE y CANACO Chihuahua rechazan aumento al ISN y piden alternativas para equilibrar finanzas estatales

Organismos empresariales de la capital, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), manifestaron su desacuerdo con la propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nómina (ISN) del 3% actual, al considerar que la medida afectaría principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con su postura, el entorno económico reciente —marcado por cambios legales y la desaceleración productiva— ha elevado los costos laborales, por lo que aplicar un nuevo aumento fiscal generaría presión adicional para la creación de empleo y la formalidad. Las organizaciones señalaron que un alza al impuesto podría traducirse en mayores cargas para los negocios, poniendo en riesgo su competitividad.

Los representantes empresariales plantearon que, antes de recurrir a nuevos gravámenes, el Gobierno del Estado debería revisar áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia presupuestal y fortalecer el uso responsable del gasto público. Sostienen que el desarrollo del estado no debe descansarse únicamente en la recaudación proveniente de las empresas.
También reconocieron los esfuerzos del Gobierno estatal por obtener recursos adicionales frente a los recortes federales y por impulsar proyectos de infraestructura, pero insistieron en que cualquier estrategia financiera debe evitar impactos negativos en la estabilidad empresarial.

El CCE y CANACO reiteraron su disposición a seguir colaborando con las autoridades estatales para atraer inversiones y promover empleos mejor remunerados, afirmando que el objetivo común debe ser elevar el ingreso de las familias y permitir que la recaudación del ISN aumente de manera natural mediante un mayor dinamismo económico.

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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