
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que no es posible que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) niegue a Edgar “N”, “El Limones” cuando “era una de las charolas que utilizaban para presuntamente cometer algunos delitos".
El “El Limones” es identificado por el gobierno federal como encargado de plaza de Durango y Coahuila de Los Cabrera, facción del Cártel de Sinaloa al servicio de “Los Mayos”.
En entrevista con medios de comunicación, el mandatario aseguró que no se puede defender lo indefendible cuando “El Limones” fue fotografiado con líderes sindicales.
“La gente de La Laguna lo sabía, hay evidencia en las redes sociales oficiales del sindicato, hay fotos con líderes nacionales y regionales, y además todo mundo sabía y además era una de las charolas que utilizaban para presuntamente cometer algunos delitos", comentó.
Al ser cuestionado sobre si tenía conocimiento de que “El Limones” se presentaba como integrante, el mandatario lo señala como líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.
"Tenemos entendido que sí, eso es lo que nos comentan los empresarios y comerciantes de La Laguna y nos lo comentaban desde que este presunto delincuente estaba en los temas de extorsión y lo señalaban directamente como integrante de este grupo sindical", dijo el mandatario.
“El Limones” y cinco personas fueron ingresadas al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano, Estado de México, luego de que un juez de Control calificó como legal su detención. Mañana continuará la audiencia.
También, aseguró que “El Limones” tenía una orden de captura en Coahuila, por lo que tenía meses que no era visto en la entidad.
“Tiene orden de aprehensión, o tenía aquí y tenía muchos meses que no circulaba por Coahuila, pero parte del trabajo que hicimos aquí en nuestro estado, pues ayuda para este tema en todos los sentidos: desde el operativo hasta la parte jurídica y lo que viene más adelante", explicó.
Con información de: LatinUs.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
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Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
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