
La Fiscalía General de Sonora informó este sábado que fueron liberadas cinco personas detenidas por el incendio en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó 24 personas muertas el pasado 1 de noviembre.
En un comunicado en redes sociales, las autoridades indicaron que el juez afirmó que esta decisión se concedió para darle mayor tiempo a la defensa, 18 días, para “imponerse de la carpeta de investigación”.
La fiscalía apuntó que a lo largo de la audiencia que se realizó desde las 9:00 de la mañana de este viernes, el juez permitió que los abogados de los señalados retrasaran el proceso.
“El juez permitió que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, tolerando argumentos de forma y no de fondo”, señala y explica que uno de estos casos fue admitir argumentos como la ilegibilidad de copias y que no eran impresiones a color.
En la audiencia se realizó la imputación en contra de las cinco personas, pero el juez decidió no continuar con la vinculación a proceso.
La fiscalía de Sonora criticó esta determinación al afirmar que se evitó darle seguimiento a la audiencia pese a que había tiempo para hacerlo y “los hechos imputados fueron expuestos de manera clara”.
“El Ministerio Público del fuero común no comparte el criterio adoptado y promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar dicha determinación”, añadió.
Esta semana, la fiscalía informó que se concedieron 25 órdenes de aprehensión en contra de personas implicadas en este hecho, de las que siete habían sido cumplimentadas.
Con información de Latinus.

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.
Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro.
Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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