Muertes por “operaciones legales y de guerra” aumentan 184 % en México; en Tamaulipas, el 74 % de las víctimas

Las muertes clasificadas como “operaciones legales y de guerra” —aquellas causadas por una agresión cuyo perpetrador es un agente del Estado o fuerza de seguridad— se dispararon 184 % en México durante el 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Estas operaciones se convirtieron en la violencia letal —entre las que también se encuentran accidentes, suicidios y muertes de intencionalidad no determinada— con el mayor crecimiento anual del país, al pasar de 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024, de acuerdo con el informe Atlas de Homicidios México 2024: siete años, miles de víctimas.

“Es preocupante porque en el registro no tenemos tantísima información como para saber qué tipo de operación legal se llevó a cabo […] Lo que sí podemos conocer es si esta muerte violenta fue con un arma de fuego, fuerza corporal o un objeto punzocortante”, dijo la investigadora Daniela Osorio, autora del Atlas.

En esta categoría destaca Tamaulipas, que concentra el 74 % de las “operaciones legales y de guerra”, por lo que la organización considera a ese estado como “un caso extremo” de violencia en el país.

Aunque esta clasificación representa apenas el 0.1 % del total anual de muertes violentas, los datos de defunciones violentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2024 indican una tendencia anómala y preocupante en el uso de la fuerza del Estado, un indicador crucial para evaluar el uso de la fuerza institucional.

Tamaulipas, el foco rojo de la letalidad estatal

El análisis del periodo 2018-2024 realizado por MUCD muestra que la letalidad oficial no es un fenómeno disperso, sino que está concentrado de forma extrema en la frontera del noroeste del país.

Por ejemplo, el 74 % de las víctimas de “operaciones legales y de guerra” registradas en ese lapso se concentraron en solo tres entidades: Tamaulipas, con 259; seguido por Zacatecas con 31 y Coahuila con 16.

Además, Tamaulipas ha encabezado consistentemente esta clasificación cada año analizado, registrando 38 defunciones clasificadas como operaciones legales y de guerra tan solo en 2024.

Esta distribución focalizada es confirmada por el hecho de que 10 estados no registraron ni una sola víctima en esta categoría durante el mismo periodo, y nueve tuvieron menos de cinco, lo que subraya una problemática confinada a zonas específicas.

Dentro de Tamaulipas, el municipio de Reynosa destaca por su persistencia en el registro de víctimas de “operaciones legales” de manera anual. Esta anomalía es particularmente notable porque Reynosa, a diferencia de otros municipios de la entidad, no se caracteriza por tener los niveles más altos de violencia homicida.

El informe también identifica la presencia de la 8va zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Reynosa, lo que añade contexto a la actividad de fuerzas de seguridad en la región y la persistencia de este tipo de muertes.

El caso de la “ejecución legal” en Baja California

Durante la presentación del Atlas, el martes 9 de diciembre, la investigadora Daniela Osorio, también una de las autoras, explicó que las “operaciones legales y de guerra” son todas aquellas muertes que fueron violentas y se cometieron en operativos de policías o militares, sin que se tengan mayores detalles.

“Mientras analizábamos la información, apareció un caso que llama mucho la atención y es que en Baja California Sur en 2018 hubo la muerte violenta de un hombre, registrada por un médico forense, que fue clasificada como una ‘ejecución legal’”, dijo Daniela Osorio a pregunta de Animal Político.

Lisa Sánchez, directora de MUCD, señaló que este hallazgo es preocupante porque “no existen ejecuciones legales”, pero en algunos estados esa categoría se está utilizando más. “Incluso, dentro de esa categoría de pronto vemos ‘ejecuciones legales’, algo que no existe en el marco jurídico mexicano y que (Daniela encontró) para un caso muy particular que nos llama poderosamente la atención”.

Lisa Sánchez recordó que el Atlas fue realizado con datos de defunciones del INEGI, órgano que no mide delitos, sino muertes violentas. “Entonces esa base de datos proporciona características de la muerte, no necesariamente sobre la investigación o la persecución de delito per se, que eso figuraría más en los registros que no publica la Sedena”.

Exigencia de transparencia y supervisión

Ante el aumento inusual de víctimas por “operaciones legales y de guerra” en 2024, sumado a la concentración histórica en Tamaulipas y Reynosa, MUCD subraya la necesidad de fortalecer la transparencia y la supervisión en el uso de la fuerza del Estado.

Por ejemplo, insta a revisar las condiciones operativas y a investigar por qué Tamaulipas registra anualmente víctimas en esta categoría. “En conjunto, los hallazgos muestran que comprender la violencia letal en México exige mirar más allá del homicidio en sí y considerar el entramado territorial, institucional y social que configura los riesgos de muertes violentas.

Solo con análisis que integren las características de las víctimas, las variaciones regionales y la evolución de todas las formas de violencia será posible desarrollar políticas públicas más precisas, humanas y efectivas, que respondan a las realidades diversas del país y contribuyan a reducir las violencias desde sus causas estructurales”.

Con información de: Animal político.