Muertes por “operaciones legales y de guerra” aumentan 184 % en México; en Tamaulipas, el 74 % de las víctimas
Las muertes clasificadas como “operaciones legales y de guerra” —aquellas causadas por una agresión cuyo perpetrador es un agente del Estado o fuerza de seguridad— se dispararon 184 % en México durante el 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Estas operaciones se convirtieron en la violencia letal —entre las que también se encuentran accidentes, suicidios y muertes de intencionalidad no determinada— con el mayor crecimiento anual del país, al pasar de 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024, de acuerdo con el informe Atlas de Homicidios México 2024: siete años, miles de víctimas.
“Es preocupante porque en el registro no tenemos tantísima información como para saber qué tipo de operación legal se llevó a cabo […] Lo que sí podemos conocer es si esta muerte violenta fue con un arma de fuego, fuerza corporal o un objeto punzocortante”, dijo la investigadora Daniela Osorio, autora del Atlas.
En esta categoría destaca Tamaulipas, que concentra el 74 % de las “operaciones legales y de guerra”, por lo que la organización considera a ese estado como “un caso extremo” de violencia en el país.
Aunque esta clasificación representa apenas el 0.1 % del total anual de muertes violentas, los datos de defunciones violentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2024 indican una tendencia anómala y preocupante en el uso de la fuerza del Estado, un indicador crucial para evaluar el uso de la fuerza institucional.
Tamaulipas, el foco rojo de la letalidad estatal
El análisis del periodo 2018-2024 realizado por MUCD muestra que la letalidad oficial no es un fenómeno disperso, sino que está concentrado de forma extrema en la frontera del noroeste del país.
Por ejemplo, el 74 % de las víctimas de “operaciones legales y de guerra” registradas en ese lapso se concentraron en solo tres entidades: Tamaulipas, con 259; seguido por Zacatecas con 31 y Coahuila con 16.
Además, Tamaulipas ha encabezado consistentemente esta clasificación cada año analizado, registrando 38 defunciones clasificadas como operaciones legales y de guerra tan solo en 2024.
Esta distribución focalizada es confirmada por el hecho de que 10 estados no registraron ni una sola víctima en esta categoría durante el mismo periodo, y nueve tuvieron menos de cinco, lo que subraya una problemática confinada a zonas específicas.
Dentro de Tamaulipas, el municipio de Reynosa destaca por su persistencia en el registro de víctimas de “operaciones legales” de manera anual. Esta anomalía es particularmente notable porque Reynosa, a diferencia de otros municipios de la entidad, no se caracteriza por tener los niveles más altos de violencia homicida.
El informe también identifica la presencia de la 8va zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Reynosa, lo que añade contexto a la actividad de fuerzas de seguridad en la región y la persistencia de este tipo de muertes.
El caso de la “ejecución legal” en Baja California
Durante la presentación del Atlas, el martes 9 de diciembre, la investigadora Daniela Osorio, también una de las autoras, explicó que las “operaciones legales y de guerra” son todas aquellas muertes que fueron violentas y se cometieron en operativos de policías o militares, sin que se tengan mayores detalles.
“Mientras analizábamos la información, apareció un caso que llama mucho la atención y es que en Baja California Sur en 2018 hubo la muerte violenta de un hombre, registrada por un médico forense, que fue clasificada como una ‘ejecución legal’”, dijo Daniela Osorio a pregunta de Animal Político.
Lisa Sánchez, directora de MUCD, señaló que este hallazgo es preocupante porque “no existen ejecuciones legales”, pero en algunos estados esa categoría se está utilizando más. “Incluso, dentro de esa categoría de pronto vemos ‘ejecuciones legales’, algo que no existe en el marco jurídico mexicano y que (Daniela encontró) para un caso muy particular que nos llama poderosamente la atención”.
Lisa Sánchez recordó que el Atlas fue realizado con datos de defunciones del INEGI, órgano que no mide delitos, sino muertes violentas. “Entonces esa base de datos proporciona características de la muerte, no necesariamente sobre la investigación o la persecución de delito per se, que eso figuraría más en los registros que no publica la Sedena”.
Exigencia de transparencia y supervisión
Ante el aumento inusual de víctimas por “operaciones legales y de guerra” en 2024, sumado a la concentración histórica en Tamaulipas y Reynosa, MUCD subraya la necesidad de fortalecer la transparencia y la supervisión en el uso de la fuerza del Estado.
Por ejemplo, insta a revisar las condiciones operativas y a investigar por qué Tamaulipas registra anualmente víctimas en esta categoría. “En conjunto, los hallazgos muestran que comprender la violencia letal en México exige mirar más allá del homicidio en sí y considerar el entramado territorial, institucional y social que configura los riesgos de muertes violentas.
Solo con análisis que integren las características de las víctimas, las variaciones regionales y la evolución de todas las formas de violencia será posible desarrollar políticas públicas más precisas, humanas y efectivas, que respondan a las realidades diversas del país y contribuyan a reducir las violencias desde sus causas estructurales”.
Con información de: Animal político.
Tips al momento
Arresto de Jáuregui: caída e impacto político
En un hecho inédito en la vida política de Chihuahua para situaciones de tiempos electorales y del ejercicio del poder, esta mañana fue detenido el ex fiscal general del estado y aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cuando un convoy de agentes de la policía lo detuvieron e interceptaron en el puente de la avenida La Cantera, mientras circulaba en su vehículo particular.
El arresto ya prácticamente formaba parte de una crónica anunciada cuando días atrás, la propia gobernadora Maru Campos, había revelado en una entrevista con un medio nacional, que César Jáuregui tenía dos expedientes abiertos, uno de la fiscalía general del estado y otro en la fiscalía general de la república. Además, calificó a Jáuregui de no haberle informado de los acontecimientos del Pinal, en el descubrimiento y golpe del narco laboratorio en el municipio Morelos y también dejó abierta las sospechas de que, en otras circunstancias tampoco le hubiera le hubiera informado, y eso lo calificó como algo imperdonable. Sin embargo, César Jáuregui, respondió sin mencionar su nombre calificando de ataques que iban a arreciar y había advertido que nos iban parar. Eso provocó precisamente no haber tramitado un amparo y que esta mañana haya sido detenido.
De esta manera prácticamente Jáuregui enfrenta dos cosas muy de alto impacto: la primera, que sea entregado a la Fiscalía General de la República, cuando se recordará que fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum la que le exigió a la gobernadora Maru Campos en aquella reunión celebrada en el aeropuerto durante una gira de Sheinbaum en Chihuahua y concretamente a Ciudad Juárez, que le entregara la cabeza del responsable del tema de la incursión de agentes de la CIA, funcionario Estatal que había sido el que cometió el problema de haber dado permiso a gente de la CIA en territorio mexicano por el caso del narco laboratorio, en hechos donde murieron dos elementos de la CIA y dos también de la agencia Estatal de investigaciones.
Y el otro punto y más fuerte para el propio exfiscal, es de que independientemente de haber perdido su libertad y lo que venga en las denuncias e investigaciones en su contra, con esta acción sale por una puerta penal de la competencia a la alcaldía de Chihuahua, una situación de alto impacto en el escenario de Chihuahua que sin duda repercutirá profundamente en el ámbito político y traerá un cúmulo de reacciones en el plano inmediato.
En esa carambola, se despeja el terreno de la competencia interna por la candidatura a la alcaldía para Santiago de la Peña y la Gobernadora Maru Campos está por cumplir la exigencia de Sheinbaum: entregarle la cabeza del que señaló como responsable del principal caso que confronta al gobierno de la 4T con el de Trump.
Y exhibe que los manazos sobre la mesa de Maru Campos tan no son de blofeo, que envían a la cárcel al hombre que fuera su brazo derecho.
Por algo dicen que, el que sigue, es otro aspirante también a la alcaldía por el PAN y que anda también "en visible rebeldía"...
Queda claro asimismo, que Jáuregui y su equipo nunca creyeron que Maru llegara al grado de arrestarlo. Un hecho que cimbra...
Impugnan panistas en Cuauhtémoc acuerdos de paridad de género del IEE
Trascendió que tras la aprobación de los criterios para el periodo electoral , donde se incluían cinco municipios que tendrán que contar con candidatas femeninas , en Cuauhtémoc impugnaron este acuerdo del IEE.
Y es que el panista y ex titular de la JMAS en ciudad Cuauhtémoc, Miguel López, compartió en redes un video en donde anunció que impugnaron el acuerdo del IEE en donde se incluye a la ciudad manzanera en los municipios en donde el candidato tendrá que ser de género femenino.
“Esta no es una discusión de género, es una discusión de facultades expresas de las autoridades, ya que consideramos que el IEE está extralimitando en dichas facultades, invadiendo cuestiones del legislativo, que finalmente afecta al proceso electoral”, expuso en su video en redes.
Esto se suma a las impugnaciones que interpusieron los partidos PAN y PRI, y a la molestia de algunos aspirantes masculinos como es el caso de Raúl García Ruiz en Ciudad Juárez.
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