Gobierno de Sheinbaum pone fin al programa para regularizar autos chocolate

El gobierno de Claudia Sheinbaum puso fin al programa que permitía la regularización de autos usados de Estados Unidos y Canadá importados irregularmente desde el 2022, atendiendo a uno de los reclamos de la industria automotriz por considerarse una competencia desleal en la comercialización de unidades.

A través del decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidencia de la República abroga el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados y se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, lo que da marcha atrás al decreto que en noviembre se publicó y había extendido el plazo de importación hasta diciembre del 2026.

Bajo esta medida se marca el cierre definitivo de un programa iniciado en 2022 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que a decir de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) generó corrupción y era un instrumento utilizado por el contrabando.

El decreto entra en vigor a partir de primero de enero del 2026, luego de que más de 2.5 millones de vehículos fueron regularizados desde su promulgación en el 2022, al beneficiar a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo.

Dicha medida ya generó el enojo de los importadores de unidades usadas que utilizaban este instrumento para ingresar autos a México, pues gozaban de diversos beneficios como placas gratuitas y un costo de importación insignificante.

Ahora la importación de autos se dará bajo el amparo de las reglas del TMEC que establece límites de antigüedad y condiciones físico mecánicas para circular en territorio mexicano.

 

Con información de El Economista

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Planchado en la SEGOB

Para algunos, debería ser un escándalo que se cocinen en las oficinas de la SEGOB los acuerdos legislativos, lo que implica una invasión y sometimiento al poder Ejecutivo.

Así ocurrió con el llamado "Plan B" de la Ley Maduro. 

Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027

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