Gobierno de Sheinbaum pone fin al programa para regularizar autos chocolate
El gobierno de Claudia Sheinbaum puso fin al programa que permitía la regularización de autos usados de Estados Unidos y Canadá importados irregularmente desde el 2022, atendiendo a uno de los reclamos de la industria automotriz por considerarse una competencia desleal en la comercialización de unidades.
A través del decreto promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidencia de la República abroga el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados y se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, lo que da marcha atrás al decreto que en noviembre se publicó y había extendido el plazo de importación hasta diciembre del 2026.
Bajo esta medida se marca el cierre definitivo de un programa iniciado en 2022 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que a decir de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) generó corrupción y era un instrumento utilizado por el contrabando.
El decreto entra en vigor a partir de primero de enero del 2026, luego de que más de 2.5 millones de vehículos fueron regularizados desde su promulgación en el 2022, al beneficiar a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo.
Dicha medida ya generó el enojo de los importadores de unidades usadas que utilizaban este instrumento para ingresar autos a México, pues gozaban de diversos beneficios como placas gratuitas y un costo de importación insignificante.
Ahora la importación de autos se dará bajo el amparo de las reglas del TMEC que establece límites de antigüedad y condiciones físico mecánicas para circular en territorio mexicano.
Con información de El Economista
Tips al momento
La carretera donde manda el miedo
No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día.
Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.
Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche.
El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
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Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
