PT busca sancionar abandono de adultos mayores con penas de hasta cuatro años de prisión
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Parlamentario del PT (GPPT) propuso modificaciones al Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incluir a este grupo poblacional en la categoría relativa de las sanciones por abandono o maltrato.
La iniciativa busca reformar el artículo 335 del Código Penal Federal para sancionar con una pena de un mes a cuatro años de prisión a quien abandone a una persona adulta mayor, y en caso de que el abandono de la persona adulta mayor resulte en una lesión o daño la pena se aumentarán en una tercera parte.
“Atender el abandono de las personas adultas mayores no es solo una cuestión de justicia social, sino una condición indispensable para construir un país más humano. Garantizar una vejez digna implica reconocer que nadie debería enfrentar el final de su vida en soledad forzada, y que el cuidado, lejos de ser un privilegio o una carga, es un derecho que el Estado está obligado a proteger”, resaltó la senadora Geovanna Bañuelos.
La iniciativa también busca reformar el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para establecer que en caso de que exista abandono de una persona adulta mayor, el Estado, a través de las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, deberá implementar de manera inmediata medidas integrales de protección que incluyan, al menos:
- Atención médica y psicológica urgente;
- Aseguramiento de condiciones dignas de alimentación, vivienda y cuidado;
- Acompañamiento jurídico y social;
- Canalización a redes de apoyo, instituciones públicas o privadas especializadas;
- Medidas de protección personal y patrimonial, cuando exista riesgo;
- Acciones para la restitución plena de sus derechos.
Con información de: Proceso.
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Fueron más de 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, entre Morena el Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Las gestiones para alcanzar el acuerdo fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, y del coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar.
El Plan B: incluye:1. Recortes a Congresos locales 2. Recortes a los Ayuntamientos 3. Someter a consulta temas electorales 4. Adelantar la revocación de mandato para 2027
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